El Gobierno de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su evaluación anual sobre el tráfico de personas en el mundo.
Nicaragua fue incluida por Estados Unidos junto Cuba y Venezuela en su “lista negra” anual de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas, un listado que también incluye a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, anunció el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas 2023..
Nicaragua es el país peor evaluado de la región esta materia y Estados Unidos señaló que la dictadura de Daniel Ortega “continuó minimizando la gravedad del problema de la trata en Nicaragua a través de informes poco fiables”.
“El gobierno no condenó a ningún traficante y no apoyó a las víctimas nicaragüenses de la trata identificadas en países extranjeros. El gobierno no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno que fueron cómplices en delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad oficial generalizada”, señala el reporte.
El informe cuestiona la validez de los informes del gobierno sobre la trata de personas, incluidas las estadísticas de aplicación de la ley.
“Algunos alegaron que el gobierno oscureció o clasificó erróneamente los casos de trata para minimizar las estadísticas de tráfico”, señala el reporte.
Además, el informe señala que el gobierno de Mangua disminuyó aún más sus ya mínimos esfuerzos de protección de los migrantes.
“Como se informó en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Nicaragua, y los traficantes explotan a las víctimas de Nicaragua en el extranjero. Las mujeres, los niños y los migrantes en Nicaragua son especialmente vulnerables a la trata. Los traficantes someten a mujeres y niños nicaragüenses a la trata sexual dentro del país y en otros países centroamericanos, México, España y los Estados Unidos”, señala el informe.
El resto de la region
Aunque el informe señala que tanto Honduras, El Salvador y Guatemala no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, Estados Unidos reconoce que está “haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”.
El informe reconoce que en Honduras hubo esfuerzos incluyeron condenar al doble de traficantes, incluyendo la condena de traficantes de mano de obra y a un funcionario cómplice.
En el caso de El Salvador, estos esfuerzos incluyeron la contratación de más policías y fiscales en unidades especializadas contra la trata de personas y la provisión de sesiones de orientación previas a la salida para los salvadoreños que participan en programas de trabajo temporal en el extranjero.
El informe critica que menos de la mitad de todas las víctimas identificadas recibieron servicios gubernamentales o derivación a proveedores de atención externos, y los servicios prestados a las víctimas fueron inadecuados y advierte que la coordinación interinstitucional siguió siendo débil, y los datos del gobierno no eran fiables.
En el caso guatemalteco, señala que el gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período de informe anterior.
“Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento y la condena de un número significativamente mayor de traficantes, el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para proporcionar atención integral a las víctimas de la trata de niños y la capacitación de funcionarios para prevenir y responder a la trata de mano de obra entre los trabajadores guatemaltecos en el extranjero”, dice el informe.
Sin embargo, critican que el gobierno asistió y remitió a menos víctimas a refugios públicos y de ONG.
“El gobierno redujo su financiación para los refugios. Las víctimas adultas tenían pocas opciones de refugio. Las actividades de sensibilización del gobierno para las comunidades desatendidas y en riesgo no ofrecieron a las víctimas acceso directo para presentar una queja u obtener servicios, lo que limita el impacto de tales esfuerzos en las poblaciones marginadas”, señala el reporte.