La libertad de expresión está protegida por la Constitución hondureña, pero ejercerla continúa encontrando obstáculos. Así lo advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe sobre Honduras, presentado durante su 82ª Asamblea General, celebrada en Bogotá.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó 103 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación entre 2001 y 2026. El registro incluye a periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos, editores y propietarios de medios, y refleja una deuda de justicia que se extiende por distintas administraciones.
La violencia también se manifiesta en la cobertura cotidiana. El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró 60 agresiones contra la libertad de expresión, la prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026. Estas agresiones están relacionadas principalmente con conflictos territoriales, protestas y actuaciones de instituciones estatales.
El deterioro aparece además en el Índice Chapultepec 2025, que ubicó a Honduras en el puesto 16 entre 23 países evaluados, con 35,64 puntos sobre 100. El país permanece desde 2023 en la categoría de “alta restricción” y perdió una posición respecto de la medición anterior.
Entre los casos destacados figura el del general retirado Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, procesado en septiembre por presuntos ataques a la libertad de prensa. El expediente está relacionado con publicaciones denunciadas por cuatro periodistas. Por otra parte, Hernández rechazó las acusaciones y su defensa solicitó el sobreseimiento definitivo.
En el ámbito digital, Contracorriente denunció reclamaciones por derechos de autor contra 32 investigaciones en apenas tres días. Esto provocó la suspensión temporal de su cuenta de Instagram. Criterio.hn también reportó la eliminación de al menos 14 publicaciones por reclamos similares, según recoge la evaluación de la SIP.
La situación hondureña se inscribe en una crisis regional. En las conclusiones de la misma asamblea, la SIP reportó dos periodistas asesinados en Guatemala durante el último semestre y más de 300 periodistas y trabajadores de medios exiliados de Nicaragua desde 2018, donde once departamentos son considerados zonas de silencio informativo.