Ciudad de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro son sólo tres de las localidades donde los cierres de calles están pasando factura en medio de las protestas contra el contrato minero y la escasez de alimentos y combustible, así como otros productos básicos, se agrava.
En Bocas del Toro, en el Caribe, los supermercados, tiendas de barrios y negocios de comida están barridos. En los pocos establecimientos en los que logran surtir mercadería, los comerciantes han restringido la venta a un producto de cada variedad por persona, en un intento de que más clientes puedan abastecerse al menos con lo mínimo.
El canal TVN reportó que no hay carnes ni legumbres, mientras los comerciantes dijeron estar preocupados porque el negocio se les vino abajo.
También hay quejas por falta de combustibles.
Fondas y abarroterías en Panamá Oeste golpeados por el desabastecimiento de alimentos.
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— TVN Noticias (@tvnnoticias) November 5, 2023
En la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, el gas propano también escasea.
Muchos ciudadanos han decidido dejar estacionados sus vehículos porque no han podido comprar combustible.
Los camiones que abastecen a las estaciones de servicio han quedado varados en las carreteras, cerradas por los protestantes.
No levantan bloqueos
El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, se sumó a los muchos que han pedido la reapertura de calles y carreteras para que los suministros puedan llegar a sus destinos, pero las súplicas no han servido de mucho.
La petición la han hecho ciudadanos, empresarios y religiosos, pero los protestantes no ceden.
Por su parte, la Asociación de Profesores de Panamá acordó continuar sumado a las protestas contra el contrato minero.
Al menos 906 detenidos
Las protestas, que anoche continuaron en la Cinta Costera, uno de los escenarios favoritos de la capital para externar el rechazo al tratado minero, han dejado al menos 900 detenidos.
La mayoría de los arrestados, presentados ante los tribunales por diferentes delitos, fueron aprehendidos durante los choques con policías.
Las protestas son contra un millonario contrato minero del gobierno, que le dejaría al Estado $375 millones anuales. Laurentino Cortizo convocó a una consulta popular para definir el futuro del trato, pero el Tribunal Electoral dijo no estar en capacidad de lograrla para el 17 de diciembre, como propuso el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si la Ley 406, que le dio paso al contrato, es inconstitucional.