Los militares retirados que jugaron un papel fundamental en el derrocamiento en 2009 de Manuel Zelaya en Honduras, quedaron este domingo bajo arresto domiciliario y su proceso judicial continúa, por decisión de un juez.
Los generales son acusados de ser responsables de la muerte de Isy Obed Murillo y las graves lesiones sufridas por Alex Roberto Zavala, durante la coyuntura golpista. Los exmilitares procesados son Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del mismo cuerpo; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
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— Romeo Vásquez Velásquez (@RomeoVasquezAPH) January 12, 2025
El caso está relacionado con un trágico suceso ocurrido el 5 de julio de 2009, cuando Murillo y Zavala participaban en una manifestación cerca del Aeropuerto Internacional Toncontín, donde se aguardaba el retorno del derrocado presidente Zelaya. Durante esa protesta, hubo disparos resultando en la muerte de Murillo, quien recibió un tiro en la cabeza, y graves heridas a Zavala.
El Ministerio Público sostiene que los acusados, en su calidad de altos mandos militares, dieron las órdenes para reprimir la manifestación, lo que derivó en este crimen.
La audiencia, que se extendió por más de 24 horas, concluyó este domingo 12 de enero a las 9:30 de la mañana, y en ella se presentaron diversas pruebas y testimonios.
Entre los testigos que respaldaron la acusación, destacan el periodista César Silva, el padre de Isy Obed, José Murillo, un testigo presencial y una persona que sobrevivió a los disparos.
Estos testimonios fueron acompañados de pruebas forenses y balísticas que refuerzan la hipótesis de que las órdenes dadas por los generales fueron las que facilitaron el uso indiscriminado de la fuerza militar contra los manifestantes, dijo el Ministerio Público.
Por su parte, la defensa de los exmandos militares presentó a otros generales retirados y exfuncionarios de la seguridad como testigos, con el objetivo de desvirtuar las acusaciones y argumentar que las acciones militares fueron legítimas en el contexto de la situación política del momento.
El fallo del juez, que dictó arresto domiciliario para los acusados, ha sido objeto de controversia.
El Ministerio Público ha anunciado que apelará esta decisión, argumentando que, dada la gravedad de los delitos imputados, la prisión preventiva sería la medida cautelar más adecuada.