El gobierno salvadoreño justificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la vigencia del prolongado estado de excepción, alegando que ha sido una herramienta efectiva en el combate a las pandillas, durante una audiencia en la que el tema central fueron las desapariciones forzadas en el marco de esa disposición.
La CIDH ha mantenido una postura crítica contra la medida gubernamental desde hace meses y ha recibido decenas de denuncias de muertes de prisioneros, detenciones arbitrarias y desapariciones, pero el presidente Nayib Bukele y sus funcionarios, así como diputados oficialistas, han criticado a la Comisión acusándola de “ponerse del lado de los pandilleros y no de las víctimas de estos”.
Los mareros “cometieron asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, reclutaron forzosamente a estudiantes y a niños, niñas y adolescentes en las comunidades, a quienes amenazaron e incluso privaron de la vida por negarse a formar parte de ellas”, justificó Andrés Guzmán, comisionado para los derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador durante la audiencia.
Agregó que las temidas maras, que lograron montar una verdadera industria del crimen por décadas, “extorsionaron a empresas y a pequeños negocios, llevando a la quiebra a muchos y causando más pobreza en la sociedad”.
#ElSalvadorRenace | “Como procurador tengo, además, el mandato constitucional de proveer de un defensor público penal a aquellas personas que están siendo procesadas por la comisión de un delito y que no tienen la capacidad económica para contratar un abogado particular”, explica… pic.twitter.com/g5N1TdGe2i
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 9, 2023
El planteamiento de los representantes del gobierno fue que el Plan Control Territorial, la política de seguridad de mano dura de Bukele, ha sido “magistralmente elaborado” y es desarrollado, lo que ha permitido que el país pasara, en cuestión de meses, a ser el más violento del continente a “ser uno de los más seguros”.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado hasta diciembre de este año hace apenas dos días, es parte de ese plan de seguridad.
Aplaudido por la mayoría de ciudadanos, de acuerdo a las encuestas, la “medida excepcional” ha permitido el arresto de casi 74,000 pandilleros, pero ha dejado daños colaterales como la muerte de unos 200 prisioneros (según las denuncias) por torturas o faltas de atención médica, lo que es fuertemente señalado no solo por la CIDH sino por otros organismos.
De hecho, la potencial reelección de Bukele en febrero del año próximo en gran medida se debe al éxito de su plan de seguridad.
Las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la Organización de Estados Americanos, comenzaron el 6 de noviembre. Para cada país hay temas específicos (mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, para el caso de Honduras; operadores de justicia y defensores frente al sistema judicial, en Guatemala) y los representantes, que no son necesariamente voceros de los gobiernos, los exponen.