La Procuraduría General de la Nación (PGN) consiguió que se revocara la resolución del 13 de mayo de 2026 que había dispuesto archivar el expediente. Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, confirmó que el tribunal aceptó la oposición presentada por la institución.
La decisión representa un nuevo avance judicial, ya que la Fiscalía contra la Trata de Personas deberá realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar posibles responsables. El proceso también quedará bajo supervisión del juzgado especializado.
El caso surgió tras una comunicación de expertos de Naciones Unidas presentada en febrero de 2026, que alertó sobre desapariciones forzadas de menores indígenas durante el conflicto armado guatemalteco, entre 1968 y 1996. Según los señalamientos, las víctimas habrían sido trasladadas a instituciones estatales antes de ser entregadas en adopción internacional.
Las denuncias apuntan principalmente al Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Consuelo Porras habría desempeñado funciones de tutela legal entre enero y agosto de 1982. Los expertos internacionales solicitaron esclarecer su posible participación en los procedimientos, aunque no existe una determinación judicial que establezca su responsabilidad.
El expediente enfrentó obstáculos durante la anterior administración del Ministerio Público. La exfiscal Leonor Morales había promovido su desestimación al considerar que no existían elementos suficientes para atribuir una conducta delictiva a una persona determinada. La PGN rechazó ese criterio e insistió en la necesidad de investigar.
Con la nueva resolución, la Procuraduría podrá participar como querellante adhesiva, aportar información y proponer diligencias. Aunque el juzgado no estableció un plazo específico, la investigación continuará bajo control judicial y corresponderá al Ministerio Público determinar los siguientes pasos.
El caso mantiene relevancia internacional por las denuncias sobre menores que habrían sido separados de sus familias y enviados al extranjero. Las personas afectadas son actualmente adultas, pero las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de las adopciones y garantizar el acceso a la justicia de las posibles víctimas.
Porras fue fiscal general durante 8 años y está sancionada internacionalmente por acciones que favorecen la corrupción y por atentar contra la democracia.