El Gobierno de Guatemala volvió a posponer la licitación de la cárcel de máxima seguridad de Masagua, en Escuintla. El Ministerio de Gobernación anunció que publicará las bases en noviembre de 2026, después de incumplir los plazos previstos para agosto y octubre.
El proyecto fue adjudicado en agosto de 2022, durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, por $87,9 millones. Las obras debían comenzar en 2023 y finalizar en 2024, pero hasta octubre de 2026 la construcción no había iniciado.
La nueva inversión estimada asciende a Uñ$88,9 millones, equivalentes a unos 678 millones de quetzales. De ese monto, $81 millones se destinarán a infraestructura y $7.9 millones al equipamiento del establecimiento, que estará ubicado en la finca Cuyuta.
Uno de los principales obstáculos surgió por diferencias entre las dimensiones reales del terreno y los planos originales. Estas inconsistencias provocaron problemas legales y administrativos que impidieron avanzar. La fase de preinversión terminó con un pago de aproximadamente USD 1,4 millones a la empresa responsable, después de aplicar reducciones y descuentos contractuales.
El Ministerio de Gobernación también decidió excluir a Inmobiliaria Rancho Sierra de la siguiente etapa. La compañía enfrentó cuestionamientos por presuntas irregularidades en documentos financieros utilizados para acreditar su capacidad económica, situación que motivó una denuncia ante el Ministerio Público.
Los retrasos obligaron a negociar una ampliación del financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En septiembre, las autoridades confirmaron una prórroga de aproximadamente 3 años para ejecutar los recursos, procedentes de un préstamo de $300 millones destinado a modernizar el sector justicia.
A las dificultades se suma una decisión del Ministerio de Gobernación de reservar durante siete años parte de la información técnica del futuro penal. La medida, emitida el 8 de octubre, restringe el acceso a planos y características de seguridad, aunque los documentos presupuestarios, financieros y contractuales que no comprometan la seguridad deberán permanecer públicos.
La demora ocurre mientras Guatemala enfrenta una grave crisis de hacinamiento penitenciario. Según datos oficiales divulgados en agosto, aproximadamente 24,000 personas permanecían recluidas en centros con capacidad para apenas 6,908, es decir, más del triple de su capacidad. Aunque se concrete la licitación en noviembre, el inicio de la construcción dependerá de la adjudicación del nuevo contrato