Honduras refuerza ofensiva contra pandillas con 1,200 celdas de máxima seguridad

La nueva legislación contempla penas de hasta prisión perpetua para cabecillas y amplía las herramientas para perseguir a las estructuras criminales.

Las autoridades hondureñas avanzan en su ofensiva contra las pandillas.

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) reportó más de 100 detenidos desde la entrada en vigor de las reformas penales. Su comandante, Selvin Adalí Antúnez Medina, presentó el balance de las operaciones contra presuntos integrantes de grupos criminales.

Uno de los despliegues se concentra en la colonia Estados Unidos de Tegucigalpa, donde las autoridades reportaron cinco capturas. Las intervenciones en la capital buscan a personas presuntamente vinculadas con la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).

Solo el miércoles 4 de noviembre, una fase de los operativos conjuntos dejó 27 detenidos, de acuerdo con la PMOP. En las acciones participan policías, militares y fiscales, con apoyo de la Agencia Nacional Contra el Crimen.

 

El comandante situó en 1.200 las celdas de máxima seguridad disponibles y anunció ampliaciones penitenciarias, incluida la de Santa Bárbara. También informó que la institución recibió más de 200 patrullas nuevas para reforzar su movilidad.

El Decreto Legislativo 258-2026, vigente tras su publicación en La Gaceta, modifica disposiciones penales, procesales y penitenciarias. Para integrantes de asociaciones terroristas prevé entre 30 y 40 años de cárcel y multas; las sanciones aumentan para dirigentes y financistas.

En materia procesal, las reformas autorizan allanamientos sin orden judicial previa en operaciones urgentes coordinadas con el Ministerio Público. También establecen que la prisión preventiva por asociación terrorista se cumpla en recintos o módulos de máxima o alta seguridad.

El alcance de la normativa también es internacional: incluye redes transnacionales de narcotráfico y secuestro. En el norte hondureño, la Policía Nacional informó que los despliegues se enfocan en combatir la extorsión, las amenazas y el control territorial de las organizaciones criminales.

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