Human Rights Watch denuncia más de 1,000 condenas cuestionables de menores por régimen de excepción salvadoreño

Un informe de la ONG dice que de 3,000 menores arrestados en dudosas situaciones, una tercera parte ha sido condenada a penas de hasta 12 años por estar asociados a pandillas.

 

Al menos 1,000 menores de edad han sido condenados de 3,000 arrestados durante el régimen de excepción en El Salvador en “condiciones irregulares y cuestionables” denunció Human Rights Watch en un informe en el que de nuevo critica con fuerza la política de mano dura en seguridad pública del presidente Nayib Bukele.

Según la ONG internacional, las medidas contra el crimen impulsadas por el gobierno han “resultado en graves abusos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos”.

“Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos, y luego por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron”, dijo el organismo en un informe de 114 páginas titulado  “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”.

“El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele a las pandillas, prevenga el reclutamiento de menores y brinde protección y oportunidades a los niños”, insistió en el reporte. 

La conclusión de la ONG, que ha sido particularmente crítica con las políticas de Bukele, quien inició su segundo mandato presidencial el pasado 1 de junio, es que

“el régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos en El Salvador”.

“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. 

“El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades”.

Policías y militares son acusados de realizar innumerables redadas en comunidades vulnerables.

La política de seguridad pública salvadoreña ha permitido el arresto de casi 81,000 pandilleros y disminuir a niveles impensables los índices de crímenes violentos.

La medida, en un país donde las pandillas establecieron una especie de cogobierno durante lustros y sometieron a su antojo a millares, es aplaudida por casi el 90 % de la población.

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