En el marco de la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las organizaciones Right Livelihood y la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes han denunciado la alarmante situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua.
Desde 2018, la represión y persecución política del régimen de Nicaragua ha sumido a las comunidades indígenas en una crisis de violencia e impunidad sin precedentes.
La violencia armada perpetrada por colonos en los territorios indígenas ha forzado el desplazamiento de numerosas familias, poniendo en riesgo sus vidas.
El caso más atroz ocurrió en marzo de 2023, cuando unos 60 colonos armados atacaron la comunidad Mayangna de Wilú, dejando un saldo de 5 indígenas asesinados, viviendas incendiadas y animales domésticos sacrificados.
Según datos recopilados por organizaciones indígenas en 62 comunidades, entre 2018 y 2023 se han registrado un total de 705 violaciones de derechos humanos, afectando a 1198 víctimas, con 25 indígenas asesinados.
La propiedad comunal y el derecho a la integridad física, psíquica y moral encabezan la lista de derechos violados, con 171 y 131 casos respectivamente.
La falta de respuesta efectiva por parte del Estado de Nicaragua ha exacerbado la situación.
Su complicidad por omisión, silencio e inacción ha permitido la expansión de invasiones coloniales, así como la incursión de la ganadería extensiva y empresas mineras transnacionales en territorios indígenas, sin respetar el proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada.
En su declaración, las organizaciones instaron al Consejo de Derechos Humanos a ejercer un escrutinio constante sobre la situación y a garantizar que el Estado de Nicaragua cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
A pesar de estar entre las áreas prioritarias, la situación de los Pueblos Indígenas en Nicaragua sigue deteriorándose, requiriendo una acción urgente por parte de la comunidad internacional, denuncian las organizaciones.
Por primera vez en más de una década, la voz de los Pueblos Indígenas resuena en la ONU, clamando por justicia y protección de sus derechos fundamentales en medio de una prolongada crisis de derechos humanos que demanda atención y acción inmediata.