Informe alternativo expone la situación de los DDHH en Nicaragua previo al examen de la ONU

La sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del próximo 13 de noviembre pondrá en el centro del debate la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que cada 5 años evalúa el cumplimiento de los derechos humanos en los Estados miembros. 

En esta ocasión, el régimen de Daniel Ortega enfrenta un escrutinio especial, no sólo por el contenido de su propio informe, sino por el análisis alternativo presentado por Puentes para el Desarrollo, organización no gubernamental centroamericana que, liderada por el economista y analista político Enrique Sáenz, cuestiona la veracidad de la narrativa oficial del régimen.

Tardanza y falta de transparencia en informe de dictadura

El informe oficial, difundido tardíamente por la administración Ortega, busca proyectar un supuesto “paraíso” de estabilidad económica y social, omitiendo cualquier mención a la situación de los derechos civiles y políticos. 

Según Puentes para el Desarrollo, esta demora en la publicación habría sido deliberada, con el fin de obstaculizar la capacidad de respuesta de otros países y organizaciones ante la versión oficial. 

La organización señala que el documento evita asuntos fundamentales y presenta una visión idealizada de paz y seguridad, lo que, afirman, está alejado de la realidad que viven los nicaragüenses bajo el régimen.

“Este informe oficial intenta posicionarse como la única versión no controvertida sobre los derechos en Nicaragua”, apunta el análisis alternativo, señalando además que el documento carece de transparencia en sus fuentes de información. 

En respuesta, el informe alternativo de Puentes para el Desarrollo incluye estadísticas y datos provenientes de las propias instituciones gubernamentales de Nicaragua, además de información de organismos internacionales y otras fuentes acreditadas.

Realidad laboral: desempleo y economía informal

Uno de los temas más críticos abordados en el informe alternativo es la situación laboral en Nicaragua. El gobierno nicaragüense sostiene que la tasa de desempleo del país es de 3.4 %. No obstante, el informe alternativo aclara que más del 75 % de la población trabajadora está en el sector informal, sin acceso a seguridad social ni otros beneficios. 

Asimismo, más del 50 % de los trabajadores se encuentran en condiciones de subempleo, desempleo o en trabajos no remunerados, lo cual evidencia la falta de estabilidad económica y protección laboral que afecta a gran parte de la ciudadanía.

Dependencia de las remesas: un pilar económico crucial

El análisis también señala que la economía nicaragüense depende cada vez más de las remesas enviadas por nicaragüenses que han emigrado, en su mayoría a causa de la crisis económica y política. 

En 2019, las remesas representaban el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero en 2024 esta cifra ha aumentado a casi el 30 %, lo que convierte a Nicaragua en el país de América Latina con mayor dependencia de este recurso. Según Sáenz, este incremento refleja la falta de oportunidades laborales y el alto nivel de emigración que se ha intensificado en los últimos años.

El informe oficial indica que los salarios mínimos en Nicaragua se han incrementado un 37.6 % entre 2019 y 2024. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el costo de la canasta básica aumentó en un 54.9 % durante ese mismo periodo, mientras que el costo de los alimentos esenciales se elevó en un 69.7 %. 

Esto significa que el poder adquisitivo de los trabajadores nicaragüenses ha disminuido considerablemente, dificultando la subsistencia de numerosas familias en el país.

Pese a que el informe gubernamental alude a progresos en educación, los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), elaborado por UNESCO, muestran que el 97 % de los estudiantes nicaragüenses de sexto grado no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas, el 95 % en ciencias y el 87% en lectura. Estos resultados colocan a Nicaragua en los últimos lugares de la región, lo que representa un obstáculo serio para el desarrollo social y laboral de los jóvenes en el futuro cercano.

Embarazos adolescentes y violencia de género

Otro de los temas destacados en el informe alternativo es la alta tasa de embarazos en adolescentes, la cual es la más elevada de América Latina, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del INIDE. 

Esta problemática afecta principalmente a jóvenes de zonas rurales y con bajos niveles de escolaridad, y suele estar vinculada a situaciones de violencia de género y exclusión social. 

La alta incidencia de embarazos en adolescentes contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo para estas jóvenes.

En cuanto a la igualdad de género, el informe oficial subraya supuestos avances, pero el análisis alternativo de Puentes para el Desarrollo muestra un panorama desalentador. 

Las estadísticas oficiales reflejan que la mayoría de las mujeres en el país trabaja en el sector informal, con salarios por debajo del mínimo y sin acceso a pensiones ni otros derechos laborales, como permisos de maternidad. 

Estas condiciones afectan particularmente a mujeres de áreas rurales y de bajos ingresos, exacerbando las desigualdades de género en Nicaragua.

Pensión insuficiente para la tercera edad

Las personas mayores de Nicaragua enfrentan dificultades económicas severas, con una pensión promedio de 6,312 córdobas (aproximadamente $172), lo que representa menos de la mitad del costo de la canasta básica de alimentos y menos de un tercio del costo total de la canasta básica general. 

Además, el 80 % de los adultos mayores no recibe pensión de vejez, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, agravada por la decisión gubernamental de no ajustar las pensiones en función de la inflación.

Inseguridad alimentaria en aumento

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reflejan que entre 2020 y 2022, el porcentaje de personas que no pueden costear una dieta saludable pasó del 25 % al 27.3 %. 

Asimismo, la tasa de subalimentación se aproxima al 20 %, lo que evidencia un deterioro de las condiciones de vida en el país y una creciente inseguridad alimentaria que afecta principalmente a los sectores más pobres.

Denuncias de violaciones a los derechos humanos

Finalmente, el informe alternativo enfatiza las acusaciones internacionales de graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. 

Según el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han sido responsables de delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios, torturas, despojo de nacionalidad, confiscaciones y cancelación de organizaciones de la sociedad civil. A esto se suman denuncias de persecución a periodistas, líderes religiosos y poblaciones indígenas, quienes han sido víctimas de una represión sistemática y generalizada.

Un llamado a la comunidad internacional

El informe alternativo de Puentes para el Desarrollo es un esfuerzo por documentar la realidad que enfrentan los nicaragüenses y evitar que la narrativa oficial del régimen Ortega-Murillo prevalezca sin cuestionamientos. 

Esta presentación ante el EPU de la ONU busca abrir los ojos de la comunidad internacional y establecer un contrapeso a la versión gubernamental, destacando la necesidad de una intervención para frenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Organizaciones de derechos humanos y países comprometidos con la democracia han expresado su apoyo a la sociedad civil nicaragüense y al esfuerzo de quienes documentan y denuncian los abusos. 

La sesión del 13 de noviembre representa una oportunidad para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exija al régimen rendir cuentas y abrir caminos para que los nicaragüenses puedan vivir en un país donde se respeten sus derechos fundamentales.