El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien tuvo que renunciar en 2015 por un escándalo de corrupción conocido como “La Línea” por el que ya fue condenado, recibió libertad condicional bajo fianza en otro proceso, según decidió el Juzgado de Mayor Riesgo “B” de Ciudad de Guatemala.
La jueza Eva Recinos le impuso como condición para obtener las medidas sustitutivas el pago de una fianza de 300 mil quetzales (unos $38 mil) por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La jueza, además de la fianza, permitiría el arresto domiciliar de Pérez Molina, impedimento de salida del país, presentarse a firmar un libro de asistencia al tribunal mensualmente, prohibición de visitar centros penales.
Los abogados del exmandatario alegaron razones de salud para pedir su libertad condicional. Pérez Molina ya fue condenado por el caso La Línea, donde obtuvo una medida con una caución económica millonaria, que según sus abogados, no ha podido pagar.
Su abogado César Calderón, aseguró este martes que han entregado dos inmuebles como garantía en el caso La Línea.
“No tengo dinero para pagar. Estamos hipotecando unos bienes de la familia y poder pagar. Esperaríamos que en unos ocho días se pueda resolver eso y entonces pueda recobrar la libertad”, afirmó el exmandatario.
Soborno de $30 millones
En el caso TCQ, Pérez Molina está señalado de recibir un soborno de $30 millones de parte de empresarios españoles para la adjudicación de un contrato. De estos, 24,5 millones serían para los socios locales de la estructura (Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti), cinco millones para un grupo de argentinos involucrados en la trama y medio millón para otros gastos.
En este caso también está implicado el español Juan José Suárez, director general de TCQ, filial en Guatemala de la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) involucrada en la trama.
Esta compañía opera en la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima del país, en el departamento sureño de Escuintla.
Pérez Molina y Baldetti abandonaron el poder en 2015, salpicados por el escándalo de corrupción en las aduanas del país conocido como “La Línea”.
Condena por “La Línea”
Un tribunal guatemalteco encontró culpables en diciembre de 2022 al expresidente Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti por dos delitos en el caso de defraudación fiscal conocido como “La Línea” y que llevó a su destitución en 2015.
El tribunal les impuso una sentencia de 16 años de prisión a cada uno de ellos y una multa de 8 millones 799 mil quetzales (cerca de 1.2 millones de dólares).
El caso de La Línea fue una de las investigaciones emblemáticas de la Comisión Internacional de lucha contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG), expulsada después por el gobierno de Jimmy Morales. La exfiscal Thelma Aldana, quien acusó a Pérez Molina y varios de los fiscales del caso han sido perseguidos penalmente, algunos se han exiliado y otros como Virginia Laparra, han sido encarcelados.
