El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su ofensiva para consolidar el control regional, esta vez presentando una nueva y preocupante terna de candidatas para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tras el rechazo de Valdrack Jaentschke Whitaker, un espía con un oscuro pasado en la Dirección Nacional de la Seguridad del Estado.
Sin embargo, la nueva propuesta no solo no mejora, sino que representa un retroceso aún mayor, al incluir a tres mujeres sancionadas internacionalmente por su participación en violaciones flagrantes a los derechos humanos.
Arling Patricia Alonso Gómez: obediencia ciega y corrupción sancionada por EEUU
Encabezando esta polémica terna está Arling Patricia Alonso Gómez, diputada sandinista y médico de profesión. Su trayectoria de doce años en la Asamblea Nacional se ha caracterizado por una sumisión total al régimen, lo que le ha asegurado un puesto en la Junta Directiva del Parlamento.
Alonso ha sido sancionada por Estados Unidos bajo la “Lista Engel” por su participación en actos de corrupción y antidemocráticos. Además, su historial como legisladora la vincula directamente con la aprobación de leyes que despojan de la nacionalidad a cientos de opositores nicaragüenses, un acto calificado como una violación de derechos humanos por organismos internacionales.
María Amelia Coronel Kinloch: brazo ejecutor de la represión estatal
La segunda candidata, María Amelia Coronel Kinloch, actual Ministra del Interior, ha sido clave en la maquinaria represiva del régimen. Su papel como ejecutora de confiscaciones, la cancelación de personerías jurídicas de ONG y su control sobre las prisiones donde se han cometido torturas a presos políticos, la posiciona como una de las figuras más infames del régimen. Además, ha facilitado el exilio forzado de miles de nicaragüenses al negarles servicios consulares y confiscar sus pasaportes, lo que ha resultado en una diáspora masiva y en la separación de familias.
Bajo su gestión en el Ministerio del Interior, la Dirección de Migración y Extranjería se ha convertido en una pieza clave de un lucrativo esquema de trata de personas. Este esquema, que permite el tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos mediante el cobro de sobornos, no solo perpetúa la explotación humana, sino que ha ensanchado las arcas del régimen a costa del sufrimiento de miles de nicaragüenses.
Sonia Castro González: la ministra que negó atención médica a los heridos
Cerrando la lista está Sonia Castro González, asesora presidencial para asuntos de salud y exministra de Salud, sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Castro es señalada por ordenar la negación de atención médica a los manifestantes heridos durante las protestas de 2018, un acto de inhumanidad que tuvo consecuencias trágicas, como la muerte del adolescente Álvaro Conrado, a quien le fue denegada la asistencia médica tras recibir un disparo en el cuello de un francotirador policial. Su responsabilidad en estos crímenes la ha colocado en la mira de la justicia internacional, y su inclusión en esta terna subraya la indiferencia del régimen hacia los estándares mínimos de derechos humanos.
Un retroceso para la integración centroamericana
La presentación de esta terna por parte del régimen de Ortega y Murillo no solo evidencia su desesperación por mantener una influencia clave en el SICA, sino que también es un reflejo de su desprecio por los principios democráticos y los derechos humanos que deberían regir las instituciones regionales. Los países miembros del SICA enfrentan ahora la difícil tarea de decidir entre aceptar esta propuesta, que implicaría una grave mancha en la reputación del organismo, o rechazarla y continuar enfrentándose al autoritarismo rampante del régimen nicaragüense.
Esta movida del régimen es una clara advertencia de hasta qué punto están dispuestos a llegar para perpetuar su control, y deja a la región ante un dilema moral: ¿cederán ante la presión de Ortega o alzarán la voz en defensa de la democracia y los derechos humanos?