La dictadura nicaragüense ha entregado 93 concesiones mineras a empresas chinas, el 12.5% del territorio

Fundación del Río reveló que 23 empresas relacionadas con capital chino poseen concesiones mineras que abarcan más de 1.5 millones de hectáreas, equivalentes al 12.5 % del territorio de Nicaragua.

La dictadura de Nicaragua sigue otorgando indiscriminadamente concesiones mineras a empresas chinas para explotación de oro.

Un total de 23 empresas vinculadas con capital chino poseen 93 lotes mineros concesionados en Nicaragua, que abarcan una superficie de 1,554,332.02 hectáreas, equivalente aproximadamente al 12.5 % del territorio nacional, según un informe divulgado por la organización ambiental Fundación del Río.

La investigación documenta la presencia de compañías relacionadas con China en el sector minero nicaragüense, sus concesiones, vínculos comerciales y operaciones en zonas fronterizas. La organización sostiene que estos actores concentran el mayor número de empresas, permisos mineros y extensión territorial frente a otros grupos empresariales extranjeros.

Los resultados del informe contradicen, según Fundación del Río, las declaraciones de las embajadas de China en Nicaragua y Costa Rica, que defendieron una participación limitada de las compañías chinas en la actividad minera del país centroamericano. La organización cuestionó particularmente las afirmaciones diplomáticas chinas relacionadas con la extensión de las concesiones y la ausencia de operaciones cerca de la frontera costarricense.

La controversia surgió después de que las representaciones diplomáticas de China en Nicaragua y Costa Rica respondieran públicamente, el pasado 24 de octubre, a señalamientos realizados por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre las actividades mineras de empresas chinas en la región.

La Embajada china en Costa Rica sostuvo que la mayoría de las compañías mineras que operan en Nicaragua pertenecen a capital estadounidense y latinoamericano, mientras que las empresas chinas autorizadas disponen de una superficie concesionada reducida. Por su parte, la representación diplomática en Nicaragua negó que compañías de ese país desarrollen actividades mineras en la frontera con Costa Rica o en sus alrededores.

Fundación del Río señaló que los datos recopilados en su investigación contrastan con esas declaraciones, al identificar una participación significativa de empresas relacionadas con capital chino en las concesiones mineras nicaragüenses. El informe también recoge denuncias de comunidades sobre posibles afectaciones ambientales vinculadas con las actividades extractivas.

Fundación cuestiona cumplimiento de obligaciones ambientales

La organización ambiental también planteó dudas sobre el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y sociales que, según las autoridades diplomáticas chinas, deben observar las empresas de ese país cuando desarrollan operaciones en el extranjero.

Fundación del Río recordó que en enero de 2026 envió consultas a los entonces embajadores de China en Nicaragua y Costa Rica sobre cinco asuntos relacionados con la actividad minera, entre ellos las disposiciones ambientales del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, las operaciones en zonas fronterizas y las diferencias entre los registros comerciales de exportaciones e importaciones.

Las consultas también abordaron los estándares aplicados a proyectos extractivos que pueden afectar territorios indígenas y afrodescendientes. Según la organización, el objetivo era obtener información sobre las obligaciones de las empresas y los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y sociales.

La fundación indicó que recibió una respuesta de la embajadora china en Costa Rica el pasado 17 de marzo, aunque aseguró que la comunicación no respondió los puntos planteados y remitió las consultas a la representación diplomática de China en Nicaragua.

El informe mantiene abierta la controversia sobre la participación de empresas vinculadas con capital chino en la minería nicaragüense, particularmente por la extensión de las concesiones identificadas, las operaciones en zonas fronterizas y las denuncias comunitarias sobre posibles consecuencias ambientales.

 

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