La Fiscalía guatemalteca está cooptada por el crimen organizada y protege a los corruptos, aseguró la noche del jueves el Secretario General de la Presidencia de de Guatemala, Juan Gerardo Guerrero Garnica, horas después de denunciar al Ministerio Público ante la Contraloría General de Cuentas.
“El Ministerio Público, desde hace años, dejó de realizar una persecución penal objetiva, independiente e imparcial, y actualmente se dedica a proteger corruptos y perseguir a quienes luchan contra la corrupción El Ministerio Público se ha dedicado a entorpecer toda investigación relacionada a actos de corrupción”, dijo Guerrero Garnica en una entrevista con el Canal Antigua.
El funcionario confirmó que la solicitud de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas tiene que ver con una serie de contratos hechos en el exterior por la Fiscalía
“El Ministerio Público debe realizar una investigación o persecución penal por estos hechos. Aunque quiero aclarar algo, el Ministerio Público actualmente fue cooptado por crimen organizado. No se va a investigar a sí mismo”, subrayó Guerrero.
La fiscalía guatemalteca emprendió una serie de procesos legales contra el presidente Bernardo Arévalo tras ganar la primera vuelta electoral en junio de 2023 y el hoy mandatario dijo que el Ministerio Público, que dirige la fiscal Consuelo Porras -sancionada por EEUU y la Unión Europea por actos de corrupción- preparaba un golpe de Estado en cámara lenta para impedirle que asumiera el poder el 14 de enero pasado.
Tras asumir el poder, Arévalo invitó a la fiscal a una reunión con su gabinete, pero Porras la abandonó nomás iniciada.
“Desconozco si se realizará una nueva invitación a la Fiscal General, pero estoy seguro que el Ministerio Público se desvió del camino correcto de realizar investigaciones imparciales. Ella (Porras) intentó manipular la ley y dijo que no podía participar en consejo de ministros”, aseguró Guerrero.
El presidente Bernardo Arévalo ordenó este jueves además, presentar una denuncia en contra Ángel Pineda, Secretario General del Ministerio Público por el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero.