La libertad de prensa y expresión pasa por un clima desfavorable en las Américas, con situaciones graves en varios países centroamericanos, aseguró este miércoles el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, durante su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
“El balance es poco alentador. En el último semestre, 10 periodistas fueron asesinados, cinco en Haití y otros en Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay”, dijo Greenspoon.
“La simple cobertura de noticias se ha convertido en una actividad de riesgo”, señaló el líder de la SIP.
Según Greenspon, “si bien muchos ataques provinieron de bandas del crimen organizado, también los estados fueron responsables de la violencia”.
“En Venezuela el gobierno cerró 80 radioemisoras, el régimen de Nicaragua siguió confiscando medios y el periódico digital El Faro traspasó sus oficinas a Costa Rica para eludir la persecución gubernamental en El Salvador. Los gobiernos de Cuba y Venezuela continuaron bloqueando sitios de internet de medios nacionales y extranjeros”, denunció.
Greenspon recordó que “medio centenar de periodistas de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Nicaragua fueron forzados al exilio. Mientras, tres permanecen presos, entre ellos José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico de Guatemala, así como el reportero Lázaro Yuri Valle Roca y la influencer Sulmira Martínez de Cuba.
“Las mujeres periodistas fueron víctimas de ciberataques y estigmatización en numerosos países. Reporteros de El Salvador y México fueron víctimas de espionaje cibernético y muchos presidentes siguieron usando la tribuna pública para desprestigiar y restar credibilidad a medios y periodistas, entre ellos los de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Paraguay”, agregó Greenspon.
El dirigente de la organización periodística más grande del continente, destacó también la opacidad gubernamental que se experimenta en casi todos los países de la región, entre ellos los más democráticos como Canadá, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, donde los gobiernos infringen las leyes de acceso a la información pública.