El ministro de Comercio de Panamá, Jorge Rivera Staff, confirmó este viernes que Minera Panamá ya presentó 4 solicitudes de arbitraje internacional ante el cierre de la planta que por años operó en el país y que fue cerrada por una resolución judicial.
Según el funcionario, quien estuvo involucrado en contrato firmado por el gobierno y la empresa, filial de First Quantum Minerals de Canadá, 3 de estos son intenciones de arbitrajes de parte de los accionistas de la minera, invocando tratados de libre comercio de Canadá y Corea; la otra, una comercial que fue presentada en la Corte Internacional de Arbitraje en Miami.
“Hay una coordinación entre el Ministerio de Comercio y el de Economia y Finanzas… ya hay 4 socilitudes de arbitraje. Hay que hacer una contratación de la firma especializada a nivel mundial” para la defensa, explicó
Además, están proponiendo, como gobierno, la creación de un grupo legal consultivo con “el mejor talento humano en arbitrajes” para que se incorpore en la defensa ante las demandas.
El ministro también confirmó que el proceso de cierre de la mina podría tardar hasta 7 años, aunque aseguró que las operaciones de extracción, procesamiento y transporte de cobre han cesado, desde que oficialmente fue notificado a la empresa la orden de suspensión el pasado 5 de diciembre.
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“Debido al cierre de la mina por decisión judicial, el país está en los ojos del mundo minero. Era uno de los 20 yacimientos más grandes del mundo. El 2% del cobre del mundo provenía de este”, explicó.
“Los cierres de minas responsables no se pueden dar de la noche a la mañana”, dijo “Sabemos que hay una expectativa ciudadana muy alta”, agregó
El 20 de octubre fue aprobado el contrato millonario entre el Estado y la minero, lo que desató una protesta multitudinaria de más de 5 semanas que paralizó al país, dejando más de $2,000 millones en pérdidas.
El presidente Laurentino Cortizo, uno de los mandatarios latinoamericanos más impopulares del momento, inicialmente desafió a la ciudadanía y dijo que no habría marcha atrás en un trato que al país le dejaría $375 millones anuales.
Sin embargo, ante la presión propuso un referéndum que fue rechazado y la decisión de cierre o no recayó en la Corte Suprema de Justicia.
José Gabriel Carrizo insiste en hablar de la pandemia y la guerra en Ucrania. Evade la pregunta de la ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Al mismo tiempo no quiere reconocer que el problema con las calificadoras de riesgo se debe principalmente a la… pic.twitter.com/KA0BgFCtEP
— Alvaro Alvarado – Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) December 22, 2023
El tribunal declaró inconstitucional el contrato y la ley que lo sustentaba, por lo que el gobierno notificó el cierre de toda actividad minera.
Un arbitraje podría representar a Panamá el pago de unos $10,000, si pierde la disputa internacional.