La secretaria de Defensa de Honduras y principal precandidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada, afirmó que el gobierno no se opone al tratado de extradición con Estados Unidos, a pesar de haberlo denunciado, pero dijo que este es utilizado bajo una posible instrumentalización con fines políticos.
“No nos oponemos al tratado de extradición, sino a la instrumentalización con finalidad política. Vamos a seguir trabajando contra el crimen organizado y los narcos”, declaró Moncada este miércoles.
En respuesta, el diputado nacionalista Tomás Zambrano acusó al gobierno actual de temer la extradición por supuestamente proteger a familiares y allegados involucrados en actividades ilícitas.
🔴❗”Nosotros no nos oponemos al Tratado de Extradición, nos oponemos a su instrumentalización con finalidad política”
Rixi Moncada, secretaria de Defensa. pic.twitter.com/488NdbPJb5
— TSiHonduras (@TSiHonduras) December 18, 2024
Estas declaraciones intensifican el debate en torno a la transparencia y el compromiso del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
El tratado quedará sin efecto a partir de febrero próximo, después que la presidenta Xiomara Castro lo denunciara en la víspera de un narcoescándalo que involucra a su cuñado, Carlos Zelaya, y su marido, Manuel Zelaya.
La llegada de la CICIH y “su pesar”
Moncada también se refirió a la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), un organismo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según explicó, la implementación de esta comisión depende del cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por la ONU.
“Yo no descarto que la CICIH venga al país. Debemos seguir luchando. El Estado es permanente, el gobierno cambia según los periodos democráticos, pero el Estado y la sociedad son permanentes”, destacó.
Moncada subrayó la importancia de avanzar en los procesos de justicia con el apoyo de todos los sectores. Sin embargo, expresó su pesar por la necesidad de recurrir a organismos internacionales debido a las debilidades estructurales en el sistema de justicia hondureño.
“Uno siente pesar porque, teniendo una Corte Suprema de Justicia, un Poder Judicial y una República con tres poderes del Estado, tengamos que llamar a un externo para que nos dicte justicia”, lamentó.
Según ella, pese a las limitaciones, la disposición del gobierno para recibir apoyo en la lucha contra la corrupción se mantiene. “Si es necesario que alguien venga a echarnos una mano en una lucha verdadera contra la corrupción, para impulsar y respaldar el trabajo que estamos haciendo, es bienvenido”, concluyó.