Los nicaragüenses recuerdan este 18 de abril el sexto aniversario del estallido de las protestas más populosas de la historia reciente del país centroamericano, que con el paso de los días fueron reprimidas a tiros con un balance de al menos 355 asesinatos cometidos por las fuerzas gubernamentales.
Movidos por la indignación de una reforma del sistema de salud que impulsaba Daniel Ortega, el dictador, millares de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, se tomaron las calles de Managua y otras ciudades.
La multitudinaria e incansable expresión popular desencadenó la versión más perversa de Ortega, quien desde ese año se encargó de reprimir a la sociedad violando cuanto derecho o garantía se le ocurra.
Además de los múltiples homicidios, por los que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, Ortega, aferrado al poder absoluto, ha cerrado más de 3,000 ONG, roto relaciones con el Vaticano, confiscado ahorros, medios de comunicación, encarcelado sacerdotes, a decenas de ciudadanos para después desterrarlos y arrebatarles incluso su “espíritu”.
La represión desde aquel 18 de abril es tal que en Nicaragua incluso están prohibidos los medios de comunicación independientes, las procesiones católicas y cualquier actividad que el régimen considere medianamente disidente.
Las manifestaciones se extendieron por 5 meses y desde entonces, más de 100,000 nicaragüenses huyeron de su país.
Además, Daniel Ortega, de 78 años, allanó todos los caminos para lograr su cuarto mandato consecutivo al encarcelar a todos sus contendientes electorales de forma arbitraria. Fue reelegido con el 75 % de los votos, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, pero sin una clara oposición.