Un total de 58 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fueron consignados por su presunta vinculación con hechos delictivos, según un comunicado del Congreso publicado el 30 de octubre. La cifra fue presentada por autoridades policiales durante una reunión de fiscalización encabezada por el diputado Ronald Portillo.
Juan Rodas, subdirector general interino de la PNC, explicó que el balance deriva de mecanismos de control que acumulan más de 45.000 supervisiones. Estas revisiones se realizan mediante 14 delegaciones de la Inspectoría General, encargadas de vigilar puestos de servicio, operativos y el desempeño de agentes y mandos.
El reporte identifica a los policías como «consignados», pero no desglosa los delitos atribuidos ni la etapa judicial de cada expediente. La fiscalización también abordó denuncias de cobros ilegales para ingresar a la academia policial. Gobernación informó que aplica evaluaciones de confiabilidad a los aspirantes para detectar posibles vínculos con organizaciones criminales.
El desafío de depurar la institución recae ahora en Érick Rolando Osoy López, nuevo director general, y Selvin Solano Galicia, subdirector de Operaciones, nombrados el 27 de octubre. Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostiene que los relevos responden a una reestructuración planificada. Además, anunció que continuarán las evaluaciones de los mandos.
La credibilidad de la PNC también quedó cuestionada por la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz tras el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, el 17 de octubre. Ambos recuperaron la libertad por falta de mérito y denunciaron que policías les habían colocado un arma. Además, siete agentes fueron detenidos por las presuntas irregularidades.
Para Óscar Morales, experto en seguridad consultado por Prensa Libre, los cambios deben incluir una evaluación del personal y de las jefaturas de las comisarías. Además, señala la necesidad de investigaciones sobre posibles estructuras criminales dentro de la institución. También considera necesario mejorar la preservación de escenas del crimen, la capacitación y las condiciones laborales de los agentes.
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), pide esclarecer los motivos de la destitución de los anteriores jefes, David Custodio Boteo y Esvin Jacinto Quiché. A esa exigencia se suma la seguridad de las elecciones de 2027: el analista advierte que los nuevos responsables disponen de pocos meses para preparar a la institución.