La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) alertó que la situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose de forma alarmante bajo la dictadura Ortega-Murillo.
Durante la presentación de su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el organismo internacional señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la persecución contra opositores y aquellos percibidos como disidentes, en una ofensiva que agrava la represión en el país.
Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica del ACNUDH, expresó su “profunda preocupación por el constante y generalizado retroceso” en las garantías fundamentales en Nicaragua.
Según Salazar, hasta julio de este año, 141 personas, entre ellas 116 hombres y 25 mujeres, permanecían detenidas de manera arbitraria, en lo que describió como un patrón de represalias por parte del gobierno nicaragüense.
Desmantelamiento de la sociedad civil y persecución a disidentes
El informe detalla un “esfuerzo sistemático” del régimen Ortega-Murillo para eliminar a las organizaciones de la sociedad civil, afectando especialmente a aquellas que defienden los derechos de las mujeres.
Esta represión ha restringido severamente el espacio cívico, minando las posibilidades de la ciudadanía para organizarse y expresarse libremente.
La ONU denuncia: En Nicaragua los ciudadanos indefensos en materia de DD. HH. https://t.co/b1qWrM2S8w pic.twitter.com/wEZBSc0uGk
— News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) September 11, 2024
Desde 2018, el gobierno ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de más de 5000 organizaciones, de las cuales 1500 fueron disueltas sólo en agosto de este año.
“El desmantelamiento progresivo del tejido social en Nicaragua deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y agrava la crisis social y económica que enfrenta el país”, destacó Salazar.
El documento también subraya la continua persecución a la Iglesia Católica, que incluye el cierre de más de 1100 organizaciones religiosas desde 2018, la detención arbitraria de sacerdotes y la confiscación de bienes religiosos.
Tortura y destierro forzado
Entre las denuncias más graves, el informe señala la persistencia de torturas y malos tratos a los detenidos, así como el hostigamiento a sus familiares.
Estos últimos son amenazados con la pérdida del derecho a visitas o con encarcelamientos adicionales si intentan denunciar públicamente las condiciones de los prisioneros.
La persistente persecución política, la creación de leyes represivas y los destierros de opositores fue denunciado por el Colectivo de Derechos Humanos, ante el Consejo de DD.HH de la ONU, para el que pidieron reforzar las vías de rendición de cuentas. pic.twitter.com/66fCBAbOtM
— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) September 11, 2024
Otro aspecto destacado es el destierro forzado de al menos 62 nicaragüenses entre junio de 2023 y junio de 2024, a quienes se les impidió regresar al país.
Esta medida, que según la ONU genera una situación de apatridia de facto, deja a estas personas en una extrema vulnerabilidad, separadas de sus familias y sin la protección de sus derechos fundamentales.
Recomendaciones urgentes
En su intervención, Salazar instó al gobierno nicaragüense a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente y a cesar las represalias contra sus familias.
Por su parte, el Alto Comisionado Volker Türk pidió la derogación de leyes represivas y el restablecimiento de los derechos cívicos y democráticos en el país, junto con la protección de los defensores de derechos humanos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente establecido en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, coincidió en señalar que el poder en Nicaragua se ha concentrado peligrosamente en manos de Ortega y Murillo.
“El país no cumple ni con el mínimo estándar de independencia judicial”, afirmó su presidente Jan-Michael Simon.
Según el grupo, la instrumentalización del derecho penal para suprimir a la oposición y el despojo forzoso de universidades son ejemplos de las violaciones sistémicas que afectan a amplios sectores de la población.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes también han sufrido graves violaciones a sus derechos territoriales y de autodeterminación.
Sus líderes son objeto de persecución por parte del Estado, en un esfuerzo por silenciar las demandas de justicia.
La ONU reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, subrayando que la única vía para superar la crisis actual es mediante el restablecimiento del estado de derecho y el respeto a las libertades fundamentales.