Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán alzaron la voz desde la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para denunciar lo que consideran una criminalización del liderazgo indígena tras la captura del viceministro de Energía, Luis Haroldo Pacheco.
“Las voces de los pueblos no se callan”, dijeron con firmeza durante una conferencia de prensa, en la que exigieron la liberación inmediata de los miembros detenidos de la Junta Directiva de 2023, incluido Pacheco, quien también fue presidente de la organización.
Los líderes indígenas manifestaron su “profundo rechazo e indignación” ante las capturas realizadas por el Ministerio Público (MP), que hasta ahora no ha revelado detalles del caso, el cual permanece bajo reserva.
Así ingresó Luis Pacheco a la Torre de Tribunales 😳
El viceministro ingresó a la Torre de Tribunales custodiado por agentes de la PNC. Su audiencia se realizará en el Juzgado Cuarto Penal con el juez Mario Rodrigo Maldonado.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 23, 2025
Denunciaron que las órdenes de aprehensión son un intento deliberado por silenciar a quienes históricamente han defendido la democracia, la justicia y los derechos de los pueblos originarios.
“Denunciamos este hecho como un abuso de poder que pone en riesgo la paz de nuestras comunidades y de toda la sociedad guatemalteca”, señalaron, además, advirtieron que estas acciones no solo van dirigidas a individuos, sino que representan un mensaje de intimidación hacia todo el movimiento indígena y social del país.
La postura de los 48 Cantones coincide con la del presidente Bernardo Arévalo, quien calificó la captura de Pacheco como “un golpe artero al pueblo de Guatemala” y acusó al Ministerio Público de actuar con intereses políticos.
#Ahora “Exigimos la inmediata libertad de los hermanos detenidos o los pueblos se van a levantar”, afirma la Junta Directiva de los 48 Cantones del pueblo K’iche de Totonicapán en conferencia de prensa. 📢
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Desde Totonicapán, los representantes comunitarios advirtieron que, de no atenderse sus demandas con seriedad y prontitud, los pueblos podrían movilizarse.
“No permitiremos que se siga persiguiendo a nuestras autoridades por defender la verdad y los derechos de todos”, concluyeron.
La tensión entre las comunidades indígenas, el Ejecutivo y el Ministerio Público crece en un contexto marcado por señalamientos de persecución política, en un país que aún enfrenta profundas divisiones estructurales.