Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), ha estado en los últimos días en el foco mediático por las determinaciones que ha estado liderando en la toma de decisiones sobre la educación superior y la confiscaciones de las universidades orientado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes tienen el control total de todas las instancias estatales y autónomas del país.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos y estudiantiles han solicitado al pleno del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) liderada por el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (CALIDH), suspender a la UNAN-Managua y con ello expulsar a la rectora Rodríguez.
Ese organismo académico y político regional, uno de los más longevos a nivel latinoamericano, lo integran exclusivamente las universidades nacionales de Centroamérica y República Dominicana. De manera que, por Nicaragua, son miembros plenos con voz y voto la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), UNAN-León, UNAN-Managua, la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), estas dos últimas de carácter comunitario e intercultural en la Costa Caribe. Pero absolutamente todas controladas por el régimen dictatorial.
En tal sentido, en una misiva enviada al presidente del CSUCA, Eduardo Flores, los solicitantes denuncian a la rectora Rodríguez y la acusan de “ejecutora de la demolición de la autonomía universitaria, de la confiscación de 28 universidades y criminal de lesa humanidad”.
Acusan de que “Rodríguez autorizó que las fuerzas policiales y paramilitares ingresaran al recinto central de la UNAN-Managua para desalojar violentamente a estudiantes que se habían resguardado en la casa de estudios como protesta por las violaciones de derechos humanos que cometió el Estado de Nicaragua en 2018”.
Le señalan de formar parte de facilitar la expulsión de estudiantes y de borrar todos sus expedientes académicos. Y es que las universidades nacionales, han adoptada esa medida con los estudiantes que fueron identificados por el régimen y determinaron su expulsión y borrar todos sus expedientes, es decir, desaparecerlos del sistema académico. Por lo que le denuncian de haber hecho “uso extralimitado de sus funciones”.
La misiva tiene un recuento de 80 estudiantes que han sido afectados por tales determinaciones y denuncia el despido de docentes críticos del sistema dictatorial, los cuales, han pagado las consecuencias con despidos masivos dentro de las universidades, y esta de igual manera la lidera la UNAN-Managua.
Ponen de manifiesto al CSUCA que la UNAN-Managua, “no es capaz de garantizar la autonomía ni la libertad académica de docentes y estudiantes» y «las estructuras de la universidad se utilizan para la represión”.
La instancia, además, se ha encargado de revisar los estatutos del CSUCA y apuntan que, la actuación de Ramona va en contra del artículo 4.5 del Estatuto de la confederación; y añaden que la UNAN-Managua, incumple con lo establecido en el artículo 11.4 de los mismos. Y piden al CSUCA que condene públicamente la «grave situación de derechos humanos» en Nicaragua.