Todas las medidas tomadas y analizadas por las autoridades de Panamá para frenar el intenso flujo migratorio por su frontera sur no están dando los resultados esperados y el gobierno del país centroamericano ha gritado pidiendo auxilio.
En Naciones Unidas, el pasado 22 de septiembre, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuma en toda su magnitud el problema de la migración irregular.
Reportes de las autoridades panameñas estiman en casi 400,000 los migrantes que han atravesado el tapón del Darién y atiborrado los pueblos fronterizos, ocupando parques, plazas, escuelas y fincas de producción para dar albergue temporal a los migrantes.
Cortizo hizo ver a Naciones Unidas que la crisis migratoria internacional no se concentra solo en el Mediterráneo, sino que es de carácter global y “que a los panameños en este momento nos afecta directamente”.
El gobernante expresó que su administración hace un esfuerzo “titánico” para atender de manera solidaria a los migrantes irregulares cuyo número aumenta cada año, situación que obliga a Panamá a destinar importantes recursos en el socorro humanitario de estas personas.
“Esta es una situación insostenible, indeseada e inhumana; un drama de dolor, sufrimiento y muerte para cientos de miles de migrantes que emprenden esa arriesgada travesía. Les reitero, esta es una situación insostenible, una situación en la que somos víctimas y no responsables”, declaró el presidente ante el foro multilateral de la Organización de Naciones Unidas, lo que ha venido señalando, de manera reiterada, en el seno de su Gabinete.
En un llamado, casi desesperado, el mandatario de Panamá expresó que el problema de la migración irregular debe ser abordado a nivel multilateral, haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos y bajo los principios de solidaridad y responsabilidad compartida con el propósito de salvaguardar la integridad de la vida humana de manera segura y ordenada.
El fin de semana reciente, el ministro de seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, se reunió recientemente con la asesora en Seguridad Interior de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwoood -Randal para mostrar los esfuerzos que hace ese país para atender la crisis humanitaria de la migración irregular y para hablar de la lucha contra el crimen organizado a través del desarrollo de la “Operación Escudo”.
El ministro Pino dijo que llevó a la delegación estadounidense al corazón de la selva de Darién y mostró la trayectoria que recorren los migrantes irregulares, que muchas veces utilizan las orillas de los caudalosos ríos para avanzar, sin medir el peligro al que deben enfrentarse.
La comitiva visitó los centros de recepción migratoria en Cañas Blancas y San Vicente en Metetí.
También, como parte de los trabajos de estudio, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, así como el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez, se reunieron con el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino para sobrevolar la zona y trazar puntos de control para combatir el crimen organizado que impulsa la migración como negocio.
Los funcionarios de ambos países visitaron el Centro de Fuerza de Tarea Conjunta Contra Blanqueo de Capitales, el Centro de Operaciones Nacional (CON) y el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN).
Según la información conjunta, se busca mayor articulación entre las policías de ambos países para generar estrategias que permitan mejorar la seguridad en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, migración, trata de personas, resguardo marítimo y aéreo, entre otros.
Se estima que al menos $700 millones anuales deja en ganancia al crimen organizado la movilización de migrantes por Darién.
Zamora resaltó que “es importante que Panamá y Costa Rica sumamos esfuerzos en un trabajo similar, conjunto, y sobre todo hermanable, de dos naciones que enfrentamos el narcotráfico y que además pretendemos que los flujos migratorios sean humanos, que tengan un orden y también un escenario de legalidad en medio de su paso por ambos países”.
“Panamá tiene avances muy importantes en materia tecnológica que nos ayudarían mucho, sobre todo porque en nuestro país cuenta con un recurso humano limitado, por lo que esta tecnología permitiría avanzar significativamente en la prestación del servicio público de seguridad en Costa Rica”, aseguró el jerarca.
Contener el estallido
Para enfrentar este fenómeno creciente, Panamá ha venido analizando distintas medidas y poder así hacerle frente a este estallido migratorio en la selva del Darién.
Las estadísticas revelan una dramática realidad. Del 1 de enero hasta el 28 de agosto pasaron por el Darién unas 320,000 personas, cifra que se elevó a 352,000 hasta el 8 de septiembre, un aumento sostenido y desbordado frente a los 100,000 de todo 2022.
De ese total las autoridades migratorias del país registran que alrededor de 200,000 personas son de nacionalidad venezolana.
Le siguen en la lista los oriundos de Ecuador y Haití, originando una avalancha de personas, incluyendo niños, a pesar de que Estados Unidos ha advertido de manera categórica que no permitirá ingresar a su territorio a quienes entren de manera irregular a Panamá y crucen por la selva.
Mayor control de la frontera
Las medidas anunciadas en Panamá incluyen intensificar la vigilancia área para duplicar o triplicar los vuelos y monitorear, en la medida de lo posible de la visibilidad, lo que ocurra en la inhóspita selva de Darién. Pero estas acciones suponen un mayor control fronterizo de las rutas de entrada de los migrantes.
En el Darién, las autoridades migratorias de Panamá en una respuesta humanitaria, registran a los viajeros migrantes una vez que llegan a los poblados que sirven de punto de recepción, por razones de seguridad. También les toman información biométrica.
Las autoridades supervisan el transporte vía terrestre que toman los desplazados una vez que cruzan la selva hasta la frontera con Costa Rica.
🇨🇴🇵🇦 | Migrantes chinos pagan para atravesar parte de la Selva del Darien en Caballos. pic.twitter.com/4f7ocKYKx3
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 20, 2023
El gobierno de Panamá anunció que incrementará las deportaciones y construirá infraestructura en la inhóspita provincia de Darién para contener a los migrantes como parte de una serie de medidas dirigidas a frenar el flujo migratorio récord por esa peligrosa jungla.
Según Samira Gozaine, directora del Sistema Nacional de Migración desde abril las autoridades panameñas han deportado a 452 personas, una cifra ínfima si se compara con la afluencia de migrantes.
Para hacer más efectivo este procedimiento, el gobierno panameño prepara aeronaves y contratos de vuelos chárter para la deportación. “Obviamente, tenemos recursos limitados, nos gustaría que si entran 3,000 personas (de manera irregular a Panamá) deportar a las 3,000, pero es imposible, no es operativo”, argumentó la funcionaria a la prensa local.
El plan también incluye acciones en los aeropuertos y la reducción a 15 días del periodo para la permanencia de turistas, para ciertas nacionalidades, en el país en lugar de los 90 días actuales.
A su vez se aumentará a $1,000 por persona la exigencia de solvencia económica para entrar al país, que hasta ahora era de $500.
