En medio de las incesantes y multitudinarias protestas en contra de un trato minero, Panamá camina por la senda de la escasez de abastecimiento de múltiples productos en la capital y las provincias y podría afrontar una demanda internacional si se deroga, como parece que ocurrirá, la ley que le dió paso a un millonario acuerdo con la firma canadiense que explota el cobre en el país centroamericano.
Tras 2 debates en el legislativo, mientras en las calles seguían los reclamos populares, los diputados se disponen a darle marcha atrás a lo que ellos mismos decidieron hace 2 semanas, lo que abriría una puerta para que Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, demande al Estado.
La exprocuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, dijo este jueves en una entrevista con la televisora local TVN que lo mejor es esperar que la Corte Suprema decida sobre la constitucionalidad de la Ley 406 (que sustenta el contrato), para estar preparados ante una potencial demanda.
Lo importante es que si la Corte se pronuncia y a eso se le suma, desde ya el Ministerio de Ambiente reciba el mandato de preparar los daños ambientales, entre otras afectaciones, si nos armamos de todo esto estamos listo para enfrentar la demanda que sea internacionalmente. pic.twitter.com/RsVa6J8kCX
— TVN Noticias (@tvnnoticias) November 2, 2023
Una “armadura y de acuerdo al contrato, nos la da el fallo de la Corte Suprema de Justicia porque el fallo nos retrotrae a la posición ventajosa que estábamos en el 2017 y que luego se reiteró en el año 2021… si nos armamos, estamos listos para enfrentar la demanda que sea”, explicó.
Afuera, todo igual
Las manifestaciones contra el gobierno de Laurentino Cortizo continuaron la noche del miércoles en la capital y para este jueves, los bloqueos de calles y carreteras persisten en diferentes puntos del país.
El Transporte Masivo de Panamá y San Miguelito anunció este 2 de noviembre la suspensión del servicio en diferentes vías, debido a los trancones.
La Defensoría del Pueblo rinde informe preliminar de las manifestaciones. @DefensoriaPan pic.twitter.com/u2QfpuDVDF
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Autoridades locales y productores, además, continúan elevando sus reclamos porque en algunas zonas el 95 % de sus mercancías se han perdido ante la imposibilidad de transportarlas hasta las plazas locales.
El 23 de octubre anterior, las marchas y protestas iniciaron en Panamá y se han mantenido, incluso han ido creciendo con el paso de los días, por un contrato minero que le dejaría al Estado $375 millones anuales, pero que es considerado como una bomba al medio ambiente y como una licencia al aprovechamiento desmedido de los recursos.
