Panamá cumple este lunes 4 semanas de protestas ininterrumpidas contra la minería y con una convocatoria a un paro general, en medio de una crisis que ha generado cientos de millones de dólares en pérdidas debido a la paralización del país.
Con manifestaciones multitudinarias y bloqueos que han impedido el abastecimiento de todos los productos, incluidos alimentos y medicinas, el país está de cabeza y el gobierno guarda silencio por un problema que desató al firmar el trato con una firma canadiense.
Los panameños se preparaban desde ayer para el segundo paro nacional, que pretende meterle aún más presión a un gobierno que apenas respira, con un mandatario que apenas tenía un 19 % de aprobación en septiembre, según la encuestadora CID-Gallup, un mes antes de la crisis.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) anunciaron el cierre total por 24 horas en todo el país.
“Vamos a fortalecer el cierre total, como protesta, exigiendo la derogatoria de la Ley 406”, dijeron.
La presión es para que el gobierno derogue el contrato minero, pero el caso está en manos de la Corte Suprema, que debe decidir si este es constitucional o no.
En caso de ser declarado inconstitucional, el país afrontaría un arbitraje internacional multimillonario.
Será el 24 de noviembre cuando se conozca la decisión, de acuerdo a lo anunciado por el máximo tribunal de justicia.
Chiriquí y Colón, donde está la mina de cobre, la más grande de Centroamérica, son dos de las provincias más afectadas.
📍 Chiriquí: Los tanques de gas no fueron suficientes y muchos se fueron con las manos vacías.#Panamá #NoticiasTVN pic.twitter.com/XscHNzyYJE
— TVN Noticias (@tvnnoticias) November 20, 2023
El gas propano, el combustible y alimentos en general han escaseado. Los panameños hacen largas colas para poder comprarlos, aunque casi siempre es un esfuerzo infructuoso y en el mejor de los casos, pueden comprar en cantidades limitadas.
“Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil mantienen su vigilia permanente fuera de la Corte Suprema, a la espera del fallo del jueves.
Mientras tanto, las gremiales empresariales, que han dicho en más de una ocasión que la protesta es un legítimo derecho, están en contra del paro.