Un comunicado oficial de la policía al servicio de la familia dictatorial de Nicaragua, emitió un comunicado confirmando la detención y degradación del comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, jefe del personal de protección del dictador Daniel Ortega.
De acuerdo con el documento de la sancionada institución, Acuña “desobedeció flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana”.
Según el comunicado, al ahora destituido comisionado general se le dio baja deshonrosa y será juzgado por el delito de “incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”.
De acuerdo con una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional establecida en julio del 2023, creada para evitar las masivas deserciones que se estaban dando, se establecen sanciones penales a los miembros de esta institución que abandonen el cuerpo sin permiso alegando “que incurren en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana”.
Por desertar o desobedecer órdenes superiores, los policías podrán enfrentar entre 6 meses y 3 años de cárcel, según la gravedad de la situación.
Algunas versiones extraoficiales revelan que el comisionado Acuña discutió fuertemente con la perversa codictadora Rosario Murillo, quien acostumbra a avasallar y dar órdenes fuera de los deberes a su circulo de seguridad, como ponerlos a hacer mandados personales o cargar compras de sus hijos y nietos.
Se conoció también que Acuña fue llevado al Hospital de la policía con complicaciones de presión arterial alta y desde entonces permanece internado y vigilado para ser llevado luego al centro de torturas El Chipote donde será enjuiciado a puertas cerradas.
La policía en Nicaragua es una institución múltiple veces sancionada desde abril de 2018 por violación masiva de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y corrupción.