Lo que mal inicia, mal acaba suele decir un refrán popular. Y fue precisamente eso lo que ocurrió en una reunión en San José, entre los representantes de los poderes del Estado costarricense con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Este 13 de agosto los jefes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Costa Rica se reunieron para impulsar medidas contra la violencia y el crimen organizado.
Pese a que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había calificado la reunión como “una pérdida de tiempo”, finalmente decidió asistir.
Sin embargo, su presencia no resultó en los avances esperados.
Declaraciones del Presidente de la República tras reunión en Asamblea Legislativa con los supremos poderes sobre seguridad ciudadana.https://t.co/Rn0azDan89
— Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) August 13, 2024
Al concluir el encuentro, Chaves expresó su frustración, afirmando que veía “el vaso medio vacío” debido a lo que consideró una falta de urgencia y compromiso de los otros poderes en aprobar leyes cruciales enviadas por la Presidencia para frenar el delito.
Su crítica generó molestia en el presidente del Poder Legislativo, Rodrigo Arias, quien respondió que las leyes no se pueden imponer sin análisis, consenso y negociación política.
No puedo permanecer en silencio ante las declaraciones de @RodrigoChavesR sobre el trabajo de la @asambleacrc en materia de seguridad. Desde mi perspectiva democrática, que es el enfoque propio del Parlamento, rechazo cualquier inclinación hacia un estilo autoritario de gobierno. pic.twitter.com/KVJCEJ92oa
— Rodrigo Arias S. (@Rodrigo_Arias) August 13, 2024
Antes de llegar, Chaves había dado 3 versiones distintas para justificar su negativa a asistir a la reunión. Sin embargo, tras recibir duras críticas por su postura, apareció en el evento y se sumó al encuentro ya iniciado.
Durante la reunión, Arias destacó la importancia del encuentro como un ejercicio para priorizar la agenda parlamentaria en temas de seguridad, adelantando que en las próximas semanas se aprobarán iniciativas clave, como el proyecto para garantizar la prisión preventiva en delitos de peligro social.
El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, también subrayó la necesidad de que los diputados discutan con celeridad los proyectos sobre ejecución de la pena que están en la corriente legislativa.
No obstante, Chaves cuestionó la efectividad de la reunión, lamentando que “no fue más productiva” como le hubiera gustado y por ello veía el vaso “medio vacío”.
“Señores (…) cuándo vamos a aterrizar esta discusión; cuándo vamos a dejar de echarle agua a la sopa. O decimos, vamos a mantener el sistema que existe, o vamos a actuar con mano firme dejando el juego de la demagogia (…) no veo sentimiento de urgencia, más allá de hablar bonito e inteligente”, consideró Chaves.
Criticó la falta de acciones inmediatas y urgentes para reducir la criminalidad, aunque admitió que aspectos como la educación y la promoción del empleo son importantes en un enfoque integral contra la inseguridad.
El debate entre Chaves y Arias también abordó el paquete de 16 proyectos relacionados con seguridad que el Ejecutivo presentó hace año y medio.
Arias explicó que muchos de estos proyectos tenían defectos, por lo que desde noviembre del año pasado se impulsaron 10 proyectos en consenso, de los cuales varios ya han sido aprobados.
“La política es negociación, no imposición. Ese proyecto estará listo en unas semanas, pero no confundamos las cosas, porque hay algunas que son responsabilidad del Poder Ejecutivo y muchas de ellas en temas de prevención”, replicó Arias, en un debate inesperado entre ambos jerarcas.
Los proyectos pendientes incluyen reformas legales para fortalecer el marco sancionatorio de delitos cometidos con armas de fuego prohibidas, regular el arresto domiciliario con brazalete electrónico, y agravar las penas para quienes involucren a menores en actividades delictivas.
También se discute una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales.
A pesar de la reunión, el desencuentro entre los poderes ejecutivo y legislativo quedó patente, dejando en el aire la duda sobre la efectividad de futuras acciones conjuntas en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica.