Presidente de Costa Rica enfrenta 40 investigaciones y 50 causas penales

De las investigaciones en curso, cuatro han sido abiertas de oficio por el Ministerio Público, mientras que las otras 36 resultan de denuncias presentadas por terceros.

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.

En un panorama político sin precedentes, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha acumulado al menos 40 investigaciones durante dos años de ejercicio. El acumulado incluye 50 causas penales en proceso de investigación en la Fiscalía General.

El mandatario, cuyo estilo agresivo y populista ha revuelto las tranquilas aguas políticas de la sociedad costarricense, enfrenta cargos que van desde incumplimiento de deberes y tráfico de influencias hasta nombramientos ilegales y prevaricatos.

Algunas de las denuncias datan del año 2022, pocos meses después de que Chaves asumiera la presidencia y fuera tildado de comportamiento “chabacano” y posturas indolentes ante temas sensibles en Costa Rica, como los homicidios.

De las investigaciones en curso, cuatro han sido abiertas de oficio por el Ministerio Público, mientras que las otras 36 resultan de denuncias presentadas por terceros.

Siete de los expedientes han sido remitidos a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para una posible desestimación, mientras que varios otros han sido acumulados en otras investigaciones.

El fiscal general, Carlo Díaz, subrayó a la prensa local que los casos han avanzado conforme a lo estipulado por la ley, negando cualquier retraso significativo en los procesos.

“Todas las causas contra el presidente están instruidas”, afirmó Díaz. “Algunos casos son sencillos y otros más complejos, pero todos están siendo tramitados adecuadamente.”

Entre los casos destacados, se encuentra una investigación sobre un supuesto cartel licitatorio destinado a favorecer a una empresa en los arreglos del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Este caso, iniciado hace aproximadamente un mes, aún se encuentra en sus primeras etapas de recolección de pruebas.

Otra investigación de gran relevancia es la referente al presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de Chaves, que lleva dos años en proceso sin resultados definitivos. Tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como la Asamblea Legislativa han aportado pruebas para esta causa judicial.

Según Díaz, “el financiamiento del partido está más avanzado debido al tiempo transcurrido, mientras que el caso del Aeropuerto de Liberia apenas comienza”.

El caso más reciente por el que se le investiga es por “Penalidad del corruptor”, del 22 de mayo.

La Fiscalía investiga el ofrecimiento de una ventaja indebida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a cambio de que este último realizara un acto contrario a derecho.

Específicamente se basa en las declaraciones de Arias en las cuales alertó que Chaves le sugirió dejar vencer la Comisión que investigó el financiamiento de partidos, a cambio de votos para el directorio. Y es que a Chaves se le investiga de todo, hasta de contratar empresas de telecomunicaciones para crear ejércitos de troles y amenazar vía telefónica a funcionarios públicos y empresarios.

Las investigaciones contra Chaves abarcan una variedad de delitos: incumplimientos de deberes (8 casos), tráfico de influencias (9 casos), nombramientos ilegales (4 casos), prevaricatos (4 casos), abuso de autoridad (3 casos), influencias contra la Hacienda Pública (2 casos), y otros delitos que incluyen electorales, fraude, corrupción, sospecha de lavado de dinero, negligencia y desacato (6 casos).

La polémica no es nueva en Chaves: llegó a la presidencia precedido de un escándalo de acoso sexual y actitudes machistas y discriminatorias contra mujeres a su cargo, según denunció la prensa local, a la que el mandatario califica de “prensa canalla”.

La situación ha generado un clima de incertidumbre y tensión en Costa Rica, ya que Chaves ha atacado por igual a la prensa, a la oposición, a la empresa privada, a las universidades, a los poderes del Estado, a ambientalistas, a la Oficina de Investigación Judicial a los grupos de la sociedad civil y a la diversidad sexual.

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