En un giro adicional en medio de las persistentes denuncias y demandas contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, por su notorio desafío a las leyes y costumbres políticas del país, se ha presentado una nueva demanda penal en su contra.
Esta vez se le acusa de presunto fraude relacionado a frecuencias del espectro radioeléctrico.
Además de Chaves Robles, la denuncia, presentada ante el Ministerio Público el miércoles 20 de septiembre, incluye a Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como a toda la junta directiva y consejo directivo de Radiográfica Costarricense (Racsa), el gerente general Mauricio Barrantes y Carlos Alvarado Briceño, exministro de Ciencia y Tecnología.
Los cargos presentados abarcan presuntos delitos de fraude de ley en la función pública administrativa, influencia contra la Hacienda Pública y peculado.
Este caso se centra en un acuerdo mutuo anunciado hace un año, destinado a recuperar segmentos del espectro en el marco del proceso para implementar redes 5G en el país.
La demanda, respaldada por el Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE), la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL) y la Unión de Trabajadores del Grupo ICE (UT), argumenta que desde que asumió el cargo, el presidente Chaves ha estado impulsando influencias sobre las personas que designó a través del Consejo de Gobierno en la dirección de ICE y RACSA.
Su objetivo aparente era lograr que estas empresas devolvieran las frecuencias que tenían asignadas por ley para el desarrollo de servicios de tecnología 5G.
Esto, a pesar de que, irónicamente, estos activos son propiedad de una titularidad otorgada por el legislador y la responsabilidad por su uso inadecuado recae en los administradores.
Se sostiene además que se ha cometido un presunto fraude por parte de los acusados. Afirman que el presidente logró su objetivo a través de un acuerdo inválido y fraudulento, ejecutado por las autoridades estatales, ICE y RACSA, para transferir el espectro de bandas medias al Estado mediante la figura del “acuerdo mutuo”, contemplada en la Ley General de Telecomunicaciones.
Sin embargo, esta norma se aplica a otros supuestos legales.
Los demandantes argumentan que este acuerdo fraudulento condujo a la extinción parcial de una concesión y la extinción total de un permiso en su momento otorgado.
Alegan que ni la instrucción presidencial ni la administración de ICE y RACSA, ni la autoridad sectorial de competencia, SUTEL, ni el propio MICITT, como ente rector, parecen haber cuestionado si esta figura legal permitía extinguir otorgamientos de origen no contractual, como las asignaciones dadas por ley a RACSA y ICE.