Después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), iniciara expedientes de posibles campañas anticipadas contra candidatos presidenciales de algunos candidatos, varios partidos políticos hicieron públicas sus inconformidades al no estar claro de lo que significa “campaña anticipada”.
El TSE convocó a Elecciones Generales 2023, en enero y desde entonces al menos 30 partidos intentan ganar el proceso, aunque algunos ya han sido descalificados.
Por parte del partido Azul y el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), pidieron a los miembros del Tribunal conocer los criterios que manejan para la prohibición detallada en el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).
La organización declaró a Roberto Arza y al abogado David Pineda como la pareja presidencial inscrita en el registro del TSE, pero FCN-Nación impugnó su inscripción por motivos de campaña electoral anticipada. El TSE decidió cancelar el registro de pares.
¿Repercusiones por campañas anticipadas?
Las consecuencias de una campaña anticipada pueden conducir a la condena financiera y, en el peor de los casos, a la exclusión de los grupos políticos. De igual manera, una de las consecuencias es que no se acepte el registro de los candidatos, como fue la anulación de la inscripción del binomio del partido Podemos.
Los representantes de los partidos políticos señalan que ha habido comportamientos de algunos candidatos que sí se evidencian como campañas.
Mario Mazariegos, fiscal del partido político Azul, expuso que actividades como las del fin de semana son “unas concentraciones enormes y grandes, que no obedecen a actividades de afiliación, esas son concentraciones”, en referencia a la coalición Valor-Unionista que reunió a medios de comunicación el pasado fin de semana, para lo que fue una “jornada masiva de afiliación”.
“Ya cuando se lleva a gente en buses, ya se sale de eso, eso ya es campaña”, refirió Mazariegos.
Pero Valor, uno de los partidos que impulsan la candidatura de Zury Ríos, no estuvo del todo de acuerdo con los argumentos presentados ante el organismo electoral, diciendo que no solo hubo confusión, sino también un desconocimiento total.
“Yo invitaría a que todos los compañeros pudieran leer el artículo 62TER del reglamento (…) no hemos logrado diferenciar lo que es realmente campaña y proselitismo”, dijo.
Por su parte, Gabriel Aguilera, magistrado titular del TSE, dijo que los expedientes que existen no solo se atribuyen a campañas anticipadas “hay diferente tipo de denuncias que se plantean, por ejemplo, hay incumplimiento de prohibiciones permanentes, campaña y diferentes expedientes que se están analizando en la inspección”, dijo Aguilera, recalcando que “no es una cuestión a dedo, no es una cuestión a un solo partido”.
Un problema más difícil, aseguran, es la vigilancia en las redes sociales, donde casi todos critican públicamente al gobierno actual y promueven sus plataformas de comunicación para ganar seguidores.
El TSE realiza un seguimiento desde los medios profesionales y pasa
inspecciones para que el registro civil pueda decidir si impone una multa o, en casos extremos, niega du registro.