Un informe de visita de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tlaleng Mofokeng, sobre el derecho a la salud devela que las restricciones legales vigentes no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos ni los protocolos clínicos, por lo cual instan a Costa Rica a despenalizar el aborto.
El informe fue emitido tras visita de diez días de la funcionaria, quien destacó que las restricciones penales y legales al aborto “son discriminatorias y limitan la autonomía personal”.
Según ella, el sistema interfiere en la relación médico-paciente y restringe el acceso a los servicios de salud e información, situación que, a su parecer, representa una forma de discriminación de género.
Chaves amenaza anular ejercicio médico
El tema ha cobrado vigencia en la discusión pública desde que el presidente Rodrigo Chaves prometió revisar la norma técnica que permite el aborto terapéutico y “defender la vida” desde su concepción hasta el nacimiento.
Incluso ha habido acercamientos del mandatario con grupos conservadores que se oponen a todo tipo de aborto en Costa Rica, incluyendo sectores católicos.
De acuerdo al documento de la Relatora Especial, “la moralidad pública y las creencias religiosas no pueden justificar leyes que violen los derechos humanos”.
Mofokeng enfatizó que el Estado debe aplicar una moratoria a las leyes penales relativas al aborto, “dado que las medidas actuales estarían resultando en violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres”.
El ejercicio de la norma técnica del aborto terapéutico, según organizaciones feministas, ha sido prácticamente inexistente: desde que se aprobó el protocolo en 2019, se han hecho 6 solicitudes y solo en 2 ocasiones se ha aplicado.