Datos oficiales del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), evidencian que entre el 2016 y 2022 en El Salvador registraron 18,132 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas al menos de algún tipo de violencia sexual.
La información fue compartida -a solicitud del diario salvadoreño La Prensa Gráfica- por el Sistema de Información de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador (SINAES) del CONAPINA el cual se determina a través de datos estadísticos del Instituto de Medicina Legal (IML).
Los números destacan 4,991 de violación, 2,752 de otras agresiones sexuales y 2,406 catalogados como sin evidencia.
Tan solo en este quinquenio se reporta un total de 10,149 niñas, niños, y adolescentes abusados.
“Me parece grave que, en el marco de un régimen de excepción, estos abusos de poder se han profundizado y los casos de militares y policías que están generando violaciones contra niñas dan cuenta de este sistema que sigue siendo hostil”, manifiestó Sara García, feminista y defensora de Derechos Humanos.
Además, ORMUSA compartió datos sobre la situación más reciente que son del año 2021 y 2022, y también acude a los datos de CONAPINA, a los cuales suma otros 2,780 casos en 2021 y 5,203 en 2022. Estos números muestran un incremento del 47% al último año.
La instancia mostró su preocupación sobre esta situación que pone en riesgo a la niñez y adolescencia salvadoreña, y alerta que y dijo que es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, profundizar en los mecanismos de investigación y sanción de todos los tipos de violencia contra la niñez y adolescencia, dado que considera que de esta forma se podrá contrarrestar este mal social.
Por su parte, Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la ORMUSA, estimó que, ante esto, hay varios factores que afectan esta situación que pone en una postura extrema a la niñez y adolescencia. Por lo tanto, consideró que es necesario atender el lugar que ocupa la niñez como sujetos de derechos y ciudadanía, pero además, desde esa perspectiva asegurar el ejercicio pleno de sus libertades, dada la alta vulnerabilidad que estos viven en dicha nación centroamericana.
“Si atendemos al plano de desarrollo y la educación como un bien esencial para el desarrollo de la niñez y la adolescencia, vamos entendiendo que seguimos teniendo un sistema de educación sexista, un sistema de educación altamente hostil y de riesgo para la niñez, especialmente para niñas y adolescentes mujeres”, aseguró Juárez.
Además, lamentó que las normas actuales dejan a la deriva a los menores, pero que favorecen la impunidad de los abusadores, ya que “(la leyes) actúan con harta impunidad a partir de subterfugios legales, pero también sociales, que culpabilizan más bien a las niñas y adolescentes y no a los perpetradores que están obligados a la protección”.
Asimismo, mencionó al sistema precario de sanidad que existe y que tampoco beneficia a las jóvenes que en muchos casos quedan embarazadas, tienen que a temprana edad de forma obligada a ser madres. Esta situación lamentable, afecta de manera directa la autonomía de estas niñas y adolescentes, que como consecuencia pierden acceso a la educación para dedicarse a ser madres, cuando estas no han terminado ni de crecer. La defensora de derechos humanos, lamentó que las niñas son victimizadas en los entornos comunitarios y familiares.
Juárez también sugirió que para buscar solución a este mal endémico es primordial que en primera instancia se reconozca el problema en términos generales.
Ante ello, Juárez hizo un llamado a que las instituciones de protección hagan una “revisión exhaustiva de todo el sistema y de todo el cuerpo normativo, para que se acople acorde con las necesidades de la niñez y bajo ese enfoque diferencial del que están queriendo omitir sobre igualdad y género”.
Desde otra óptica, Sara García, también defensora de derechos humanos, lamentó que la violencia sexual y las agresiones sigan siendo naturalizadas en un contexto tan complejo y difícil, donde muchas veces estas acciones se ven con normalidad en una sociedad polarizada que se ocupa de ver otros problemas y dejando en segundo plano este mal social, que es de vieja data.
Además, García estimó que las autoridades abusan de su poder, permiten que estas acciones de violencia se den y se normalicen, y ante esa actitud, ella considera que, los funcionarios públicos que pueden aportar a la solución, están cometiendo atrocidades. “Vemos estas conductas machistas patriarcales que están generando impunidad. Me parece grave que en el marco de un régimen de excepción estos abusos de poder se han profundizado y los casos de militares y policías que están generando violaciones contra niñas dan cuenta de este sistema que sigue siendo hostil, que no nos permite tener proyectos de vidas dignas”, lamentó.
Mariana Moisa, antropóloga y feminista, manifiesta su tristeza, porque la violencia sexual esté naturalizada y normalizada. “Lo que se ha enseñado a las niñas es a protegerse, a cuidarse a prevenir la violencia, que luego deviene en culpa cuando enfrentamos estas circunstancias”.