Tres gobiernos democráticos de Centroamérica rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que anunció haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)
Los gobiernos de Costa Rica, Guatemala y Panamá, junto a Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, rechazaron este miércoles el fallo que legitima el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro.
En un comunicado conjunto, los países expresaron que la sentencia del TSJ venezolano pretende validar unos resultados sin sustento emitidos por el CNE, órgano que ha sido señalado de carecer de independencia e imparcialidad.
“Rechazamos categóricamente este anuncio, que carece de fundamento y credibilidad”, señalaron los gobiernos firmantes.
Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazan categóricamente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. https://t.co/SWKl5npBmF pic.twitter.com/CMjcOaPkLa
— Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) August 23, 2024
A nivel centroamericano, Nicaragua y Honduras apoyaron el controversial dictamen del TSJ, mientras El Salvador aún no se ha pronunciado después que el presidente Nayib Bukele acusara a Maduro de fraudulento.
Los países ya habían manifestado previamente su desconocimiento de la declaración del CNE debido a varias irregularidades reportadas durante el proceso electoral.
Entre ellas, la prohibición del acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, la falta de publicación de las actas electorales y la negativa del CNE a realizar una auditoría imparcial e independiente de los resultados.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya había alertado sobre la falta de independencia tanto del CNE como del TSJ, instituciones clave en el proceso electoral.
Los países firmantes reiteraron que únicamente una auditoría imparcial e independiente de los votos, que incluya la evaluación de todas las actas, garantizará el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela.
“Sin una revisión exhaustiva y transparente de los resultados, no puede haber confianza en el proceso electoral ni en las instituciones que lo gestionan”, subrayaron.
Asimismo, los gobiernos reafirmaron su compromiso de seguir insistiendo, junto con la comunidad democrática internacional, en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano, que se manifestó de manera pacífica y contundente el pasado 28 de julio.
Finalmente, expresaron su profunda preocupación y rechazo ante las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos que, pacíficamente, exigen respeto por el voto y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.