El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, dictaminó a favor de un demandante, conductor de pasajeros, un reclamo contra la gigante multinacional de servicios Uber.
La sentencia obliga a la empresa a pagar 11 millones de colones ($21,609) al señor Vargas Sibaja por diversos conceptos, incluyendo preaviso, cesantía, daños y perjuicios, así como vacaciones y aguinaldo correspondientes a toda la relación laboral, además de intereses y costas procesales.
La sentencia contra Uber es la 2024-000826, dictada el pasado viernes 26 de abril.
Según el expediente, Vargas laboró por 3 años como chofer de la plataforma, hasta que la compañía tomó la decisión de desconectarlo de la plataforma como sanción a presuntos incumplimientos de su normativa.
Este fallo representa la segunda condena en un año para Uber en Costa Rica. En un caso anterior, la empresa fue ordenada a pagar 2 millones de colones ($3,929) a otro demandante.
El Juzgado declaró que durante los 3 años en los que Vargas trabajó como conductor para la plataforma, se estableció claramente una relación laboral.
Además, se destacó que Uber forma parte de un grupo económico y actúa como patrono al contratar conductores para prestar servicios a sus clientes a través de su plataforma digital.
La compañía tiene el derecho de apelar esta decisión ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación, lo que podría poner en revisión la legalidad de la sentencia.
Uber ha respondido a la sentencia afirmando su respeto por las autoridades locales y anunciando su intención de apelar.
Sin embargo, aclaró que esta decisión no invalida su modelo de operación ni se aplica a todos los usuarios que utilizan la aplicación para prestar servicios independientes.
Este último fallo se suma a una resolución similar de marzo de 2023, donde Uber fue condenada al pago de extremos laborales de otro conductor en Costa Rica, confirmando así la existencia de una relación laboral entre la empresa y sus conductores en el país.
El caso resalta la creciente controversia en torno a la clasificación laboral de los conductores asociados a plataformas como Uber, no solo en Costa Rica, sino en toda la región latinoamericana.