El pueblo de Guna se prepara para abandonar definitivamente su hogar en la pequeña isla panameña de Gardi Sugdub, si el gobierno mantiene su palabra con la entrega de las nuevas viviendas antes del 29 de febrero de 2024.
Conocida como “Isla Cangrejo”, la isla es parte del archipiélago de San Blas, de la comarca indígena panameña de Guna Yala en la costa norte del Caribe panameño y fue el hogar para el pueblo indígena Guna por más de 100 años. Sin embargo, el incremento en el nivel del mar y las tormentas han ocasionado una estela de daños en las viviendas y los sistemas de salud y agua, dejando a sus habitantes en difíciles condiciones de sobrevivencia.
Mientras esperan una solución definitiva, las familias han visto desfilar promesas incumplidas en la última década como la construcción de un hospital y 300 viviendas en un nuevo pueblo. El gobierno de Laurentino Cortizo se comprometió con la entrega de las casas para septiembre de 2023, pero después cambió la fecha de traslado al 29 de febrero de 2024.
A través de un artículo, Human Rights Watch asegura que hay “avances considerables” en la construcción de las viviendas desde mediados del año pasado. “Las 300 casas del sitio continental ya están construidas y se están construyendo muros para contener la erosión. Gracias a la defensa del liderazgo comunitario, los espacios de reunión cultural, incluida la casa del congreso y la chicha (ceremonia), se completan en el estilo tradicional”, señaló la organización.
El gobierno panameño publicó en octubre pasado que las 300 viviendas en la Urbanización Nuevo Cartí tienen un 91% de avance y su objetivo es reasentar la comunidad Gardí Sugdub.
📍Comarca Guna Yala
Inspeccionamos la Urbanización Nuevo Cartí, proyecto de 300 viviendas que cambiará la vida de miles de personas. El mismo lleva 91% de avance y su objetivo es reasentar la comunidad Gardí Sugdub, una isla que ha sufrido las consecuencias del cambio climático. pic.twitter.com/2YkoMcQnM8— Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (@MIVIOTPma) October 16, 2023
Sin embargo, aún hay temas pendientes de resolver como el suministro de agua potable porque de momento “no hay nada”, cita Human Rights Watch al dirigente de la isla, Blas López. “Podemos ir a dormir una noche, pero no podemos quedarnos allí, sin agua”, añadió.
Human Rights Watch señala que los miembros de la comunidad han propuesto un acueducto, que requiere financiamiento estatal. Tampoco existen de momento condiciones para la gestión de aguas residuales y desechos sólidos, y menos se ha construido una clínica de salud.
“Pronto sabremos si este caso pasa a los libros de historia como un ejemplo de reubicación respetuosa de los derechos, o como otro ejemplo más de lo que puede salir mal cuando las necesidades de un pueblo que va a ser reubicado no están en primer plano”, añade la organización.
