La violencia armada continúa golpeando al departamento guatemalteco de Zacapa, mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo anuncia evaluaciones y reuniones de seguridad, pero todavía no presenta una estrategia concreta para contener los ataques.
Al menos 17 personas murieron en 3 episodios violentos registrados entre septiembre y noviembre. Entre las víctimas figuran un diputado y 3 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, los hechos han puesto nuevamente bajo escrutinio los posibles vínculos entre estructuras del narcotráfico y el poder político local.
El escenario en la oriental región combina asesinatos, cuestionamientos a las autoridades municipales y reclamos ciudadanos. Sin embargo, las investigaciones no han producido resultados públicos que permitan establecer quiénes están detrás de los ataques ni sus posibles conexiones.
Tres ataques y una escalada de violencia
El primer episodio ocurrió el 27 de septiembre en Huité. Un ataque armado durante dejó 8 personas fallecidas, según las cifras oficiales. El caso continúa bajo reserva judicial, le costó el cargo a oficiales de alto rango del ejército y los habitantes exigen esclarecer lo ocurrido.
El 6 de noviembre, otro ataque sacudió Río Hondo. El diputado Julio César Portillo Paz y 3 policías que integraban su seguridad murieron durante una emboscada. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este crimen.
La violencia continuó este viernes en la aldea La Majada. Un grupo armado atacó a varias personas y dejó 5 fallecidos, además de heridos. Los pobladores también denunciaron que los atacantes se llevaron a un hombre cuyo paradero desconocen.
El MP realizan pesquisas en la patrulla de la PNC que fue recibida a balazos esta madrugada en Zacapa, tras la masacre que dejó cinco personas asesinadas.
Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario pic.twitter.com/w0lNP9ggBQ
— Geber Osorio (@OsorioGeber) November 13, 2026
En conjunto, los 3 episodios dejaron al menos 17 muertos en menos de 2 meses.
Los vínculos familiares que pusieron al narcotráfico en el debate
La inseguridad no es el único asunto que mantiene a Zacapa bajo atención pública. En octubre, una lujosa fiesta de 15 años organizada por la alcaldesa Karen Xiomara Ovalle para su hija desató cuestionamientos.
La celebración reunió artistas, invitados y un despliegue de seguridad. Sin embargo, también reavivó las preguntas sobre el origen de los recursos utilizados.
El escrutinio aumentó por los antecedentes de Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, pareja de la alcaldesa. El exconcejal fue extraditado a Estados Unidos y condenado por delitos relacionados con el tráfico de cocaína.
Además, hay vínculos familiares con Haroldo Lorenzana Terrazas, conocido como Haroldito, requerido por Estados Unidos por narcotráfico.
La Embajada estadounidense también expresó su preocupación por la relación entre narcotráfico y política, y pidió tolerancia cero frente a la influencia de estructuras criminales en las instituciones.
Arévalo anuncia evaluaciones, pero no precisa medidas
Ante la escalada de violencia, el presidente Bernardo Arévalo reconoció el viernes que Zacapa atraviesa una situación preocupante.
Durante su conferencia semanal, La Ronda, afirmó que los cuerpos de seguridad analizan la estrategia que aplicarán. Sin embargo, no detalló las medidas ni estableció una fecha para anunciarlas.
El Presidente de la República afirmó que el MP ya avanza con la investigación por lo ocurrido recientemente en Zacapa. Agregó que actualmente se ha instalado una mesa en la que participa el MP y MINGOB para establecer las acciones a tomar en el departamento.
Vía: @ArlettG_ pic.twitter.com/NJetIXHqlH
— Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) November 13, 2026
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, también confirmó que las autoridades estudian posibles medidas extraordinarias, incluido un eventual estado de excepción.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene reuniones y operativos de seguridad, pero todavía no presenta públicamente un plan específico para enfrentar la situación.
Los habitantes exigen respuestas
La incertidumbre también alcanza a las comunidades afectadas. En Huité, vecinos colocaron mantas para exigir al Gobierno y al Ministerio Público que esclarezcan la matanza de septiembre.
A la presión social se suman los cuestionamientos políticos por la respuesta de las autoridades. Además, diputados de oposición han planteado nuevas citaciones para que el ministro de Gobernación explique las acciones contra la criminalidad.
Zacapa registra una tasa interanual de 31.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos correspondientes a septiembre de 2026. Esa cifra coloca al departamento entre los cuatro con mayor incidencia de asesinatos en Guatemala.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y el análisis de nuevas medidas, mientras las comunidades esperan respuestas sobre los ataques y la presencia de estructuras criminales en la región.