La Corte de Constitucionalidad de Guatemala blindó a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, al rechazar los recursos interpuestos en contra de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo que vuelve prácticamente imposible la destitución de una funcionaria considerada corrupta y antidemocrática.
Así, los magistrados mantienen las normas sobre las causales de destitución de quien ocupe el cargo.
Diferentes sectores de la sociedad y ciudadanos promovieron en las últimas semanas que se modificaran las reglas, en medio de exigencias populares para que Porras dejara el cargo por considerarla la punta de lanza del intento de golpe de estado contra Bernardo Arévalo.
La fiscal general, de 70 años y quien ocupa el cargo en 2018 (reelecta por el presidente Alejandro Giammattei en 2022), ha sido sancionada por Estados Unidos y es acusada de perseguir a quienes anteriormente combatieron la corrupción en el país.
Ella, sin embargo, sostiene que sólo realiza su trabajo de investigar y perseguir el delito.
