La represión religiosa en Nicaragua mantiene un ritmo preocupante con la reciente ofensiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la iglesia evangélica, tras una serie de medidas que ya han debilitado significativamente a la Iglesia Católica en el país.
En un contexto de control político exacerbado desde las protestas de 2018 y las elecciones fraudulentas de 2021, las autoridades nicaragüenses han cerrado más de 3,550 organizaciones, muchas de ellas evangélicas, incluyendo universidades, colegios, iglesias y trece asociaciones.
La persecución religiosa en el país ha llevado a Estados Unidos en 2023 a la inclusión de Nicaragua en la lista de países que persiguen la libertad religiosa, una lista negra en la que figuran Cuba, China, Rusia, Irán, Venezuela, Myanmar, Corea del Norte y otros regímenes considerados aliados por la familia Ortega-Murillo.
El Ministerio Puerta de la Montaña, acusado falsamente de lavado de dinero según detractores políticos, es uno de los últimos objetivos del régimen, evidenciando un patrón de acoso a las comunidades religiosas que desafían la narrativa estatal o reportan inversiones y propiedades valiosas, confiscadas junto a cuentas y otros bienes.
La represión se intensifica en un momento en que el ministerio mencionado se ha convertido en un foco de reunión espiritual y social para la población, llevando a cabo eventos masivos como la reciente campaña evangelística “Buenas Nuevas Nicaragua 2023”, que contó con una asistencia sin precedentes.
El gobierno ha justificado sus acciones alegando “preocupaciones de seguridad y orden interno”, pero críticos y defensores de la libertad religiosa, como Juan Sebastián Chamorro y Martha Patricia Molina, han expresado su solidaridad con los 100 líderes y misioneros evangélicos detenidos por la dictadura sandinista.
Tanto las organizaciones de derechos humanos, como los líderes políticos de Nicaragua y hasta congresistas de Estados Unidos, rechazan las acusaciones de “lavado de dinero” y otros presuntos delitos como infundadas, y, al contrario, señalan las acciones del régimen como una cacería feroz contra grupos religiosos.
