La violencia feminicida sigue siendo una de las principales crisis de derechos humanos en Centroamérica, donde, a pesar de avances legales, persisten altos niveles de impunidad, fallas en la protección y acceso limitado a servicios para las víctimas, según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En la región, Honduras encabeza las tasas de feminicidio en América Latina con 3.1 casos por cada 100,000 mujeres, seguido por Guatemala con 1.9, lo que evidencia la magnitud del problema pese a la existencia de leyes específicas en varios países.
Todos los países centroamericanos han incorporado el feminicidio en sus códigos penales, pero la aplicación de estas leyes sigue siendo limitada, con altos niveles de impunidad y revictimización en los procesos judiciales.
En muchos casos, las víctimas ya habían denunciado situaciones de riesgo o contaban con medidas de protección que no fueron ejecutadas de forma efectiva, lo que refleja debilidades en los sistemas de respuesta estatal.
La mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 44 años, y en gran parte de los casos el agresor es la pareja o expareja, lo que confirma la fuerte relación entre feminicidio y violencia doméstica.
Aunque países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han desarrollado leyes integrales y protocolos de atención, el acceso a refugios, servicios de protección y mecanismos de reparación sigue siendo insuficiente en gran parte de la región.
El informe también señala que la falta de datos detallados y la limitada coordinación entre sistemas de justicia, salud y protección social dificultan el diseño de políticas públicas efectivas para prevenir estos crímenes.
A pesar de algunos avances, como la prohibición del matrimonio infantil y la incorporación de leyes contra la violencia digital, la CEPAL advierte que la violencia feminicida en Centroamérica responde a factores estructurales como la desigualdad, la falta de recursos y la débil implementación de las normativas vigentes.
