El comercio ilícito se ha convertido en una amenaza para la salud pública, la economía y el medioambiente centroamericano. Un estudio de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) identifica redes criminales que aprovechan las fronteras vulnerables, la informalidad y las deficiencias de los controles aduaneros.
En Costa Rica, las autoridades decomisaron más de 365,000 productos farmacéuticos ilegales entre junio de 2024 y junio de 2025. Entre las mercancías detectadas figuran antibióticos, analgésicos y tratamientos dermatológicos que pueden estar adulterados, vencidos o almacenados en condiciones inadecuadas.
Guatemala también enfrenta un escenario preocupante. El informe estima que aproximadamente el 10% de los medicamentos de venta libre podrían ser falsificados. Además, alerta sobre laboratorios clandestinos que imitan marcas comerciales y distribuyen sus productos principalmente en pequeñas farmacias y comunidades rurales.
El negocio del alcohol ilegal representa otro riesgo. En El Salvador, aproximadamente el 12% del consumo correspondería a bebidas ilícitas, frente al 9% estimado en Costa Rica. Las redes de comercialización utilizan cada vez más las redes sociales y plataformas digitales para ofrecer productos falsificados o adulterados.
Panamá aparece como un punto estratégico para el movimiento de mercancías irregulares. Su infraestructura logística también es utilizada para transportar oro procedente de países sudamericanos como Colombia, Venezuela y Perú, que puede ser reempaquetado y comercializado posteriormente con una apariencia de origen legítimo.
En Nicaragua, la extracción ilegal de oro amenaza reservas naturales como Bosawás e Indio Maíz. Costa Rica enfrenta problemas similares en Crucitas, mientras que Belice acumuló pérdidas estimadas en USD 30 millones entre 2012 y 2018 por el comercio ilegal de fauna y flora.
El análisis de TRACIT divide a los siete países centroamericanos en tres grupos según su capacidad de respuesta. Costa Rica y Panamá presentan mejores condiciones institucionales; Belice y El Salvador mantienen riesgos intermedios, mientras Guatemala, Honduras y Nicaragua registran mayores vulnerabilidades estructurales frente al crimen organizado.
El organismo internacional recomienda fortalecer la cooperación aduanera, perseguir el lavado de dinero vinculado al comercio ilegal y mejorar la vigilancia de las cadenas de suministro. Su diagnóstico advierte que el crecimiento del comercio regional ha superado la capacidad de los gobiernos para controlar las operaciones ilícitas.
