La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó el desempeño de las instituciones de justicia de Honduras tras el sobreseimiento del expresidente Juan Orlando Hernández en un sonado caso de corrupción.
Castellanos afirmó que el Ministerio Público “falló” y sostuvo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “no estuvo a la altura” durante el proceso contra el exmandatario.
La dirigente anticorrupción señaló, además, varias dudas sobre la actuación de la Fiscalía y el manejo de pruebas durante el proceso judicial.
Dudas sobre un testigo clave
Uno de los principales cuestionamientos de Castellanos se relaciona con Fernando Suárez, señalado como testigo relevante en la investigación.
Suárez había sido condenado en el caso Pandora 1 y, según Castellanos, aportó información de interés para la causa contra Hernández.
La directora del CNA cuestionó que Suárez no estuviera disponible cuando la Fiscalía lo requirió durante la audiencia.
También pidió explicar por qué el testigo obtuvo libertad provisional el mismo día en que comenzó la audiencia inicial.
Castellanos planteó además dudas sobre quién autorizó esa medida y si el Ministerio Público recibió información previa sobre la decisión.
«Si bien la Procuraduría General de la República asumió una posición activa frente a los planteamientos de la defensa, el Ministerio Público falló en lo más elemental.
¿Cómo es posible que el principal testigo de la Fiscalía no estuviera disponible cuando fue requerido en el… pic.twitter.com/cjVWv0GE8S
— CNA Honduras (@cnahonduras) September 2, 2026
Cuestionamientos al trabajo de la Fiscalía
La representante del CNA sostuvo que presentar un requerimiento fiscal no resulta suficiente si el Ministerio Público no puede sostenerlo durante el proceso.
Por ello, reclamó explicaciones sobre la ausencia del testigo y las circunstancias que rodearon su libertad provisional.
Castellanos consideró que estas situaciones generan interrogantes sobre el manejo del caso y sobre la capacidad de la Fiscalía para respaldar sus acusaciones ante los tribunales.
Señalamientos sobre las pruebas
Castellanos también cuestionó decisiones relacionadas con los medios probatorios utilizados durante el proceso.
La directora del CNA preguntó por qué se excluyeron pruebas que, según su valoración, resultaban relevantes para las partes.
Aunque reconoció que las decisiones sobre admisión de pruebas corresponden al ámbito judicial, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer sus fundamentos.
En ese sentido, pidió mayor claridad sobre las razones que llevaron al juzgador a excluir determinados elementos del proceso.
Un examen para las instituciones hondureñas
Para Castellanos, el regreso de Hernández a Honduras representaba una prueba para el sistema de justicia del país.
La dirigente sostuvo que el resultado del proceso tiene un alcance jurídico, pero también genera consecuencias para la confianza en las instituciones.
Además, cuestionó si el aparato judicial hondureño puede sostener procesos de corrupción cuando los acusados pertenecen a la clase política.
Castellanos afirmó que las actuaciones observadas durante el caso no despejan esa duda. Por el contrario, mantienen abierto el debate sobre la capacidad institucional para investigar y juzgar casos de alto impacto.
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras de 2014 a 2022. Ese último año, tras dejar el poder, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue enjuiciado y sentenciado por delitos de narcotráfico. La condena de 45 años de prisión fue indultada en diciembre pasado por el presidente Donald Trump.
El político volvió a su país el 26 de julio de este año, para afrontar cargos ante la justicia, de un sonado caso de desviación de fondos estatales cuando él era congresista.
