El sector empresarial de Guatemala cuestionó al Gobierno de Bernardo Arévalo por modificar el funcionamiento de Guatecompras, el portal oficial de contrataciones públicas. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su rechazo a las modificaciones aplicadas por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Según el gremio empresarial, las nuevas condiciones afectan los estándares de transparencia y gobierno abierto que deben regir las compras del Estado.
El buscador ahora limita el universo de consultas
La controversia surgió tras cambios operativos aplicados al buscador de Guatecompras desde julio.
Antes, el sistema permitía realizar consultas abiertas sobre un amplio registro de datos históricos. Con la modificación, las búsquedas quedaron enfocadas en proveedores y contratistas vinculados directamente con el Estado.
El Ministerio de Finanzas justificó el cambio por el uso que terceros daban a las consultas masivas. Según las autoridades, algunos utilizaban esos datos para trámites ajenos a las contrataciones públicas.
CACIF expresa su firme rechazo a las modificaciones implementadas en la plataforma GUATECOMPRAS, las cuales representan un retroceso en las prácticas de gobierno abierto y comprometen los estándares de transparencia que deben regir la administración pública. #ComunicadoCACIF
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— CACIF (@CACIFGuatemala) September 3, 2026
Además, el Minfin señaló que la medida busca proteger determinados datos y mejorar el funcionamiento del sistema. También aseguró que la información sobre compras y adjudicaciones permanece disponible.
CACIF pide revertir las modificaciones
CACIF pidió al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, revisar las medidas y revertir aquellas que limiten el acceso a la información.
El gremio sostuvo que la información pública y la rendición de cuentas son elementos esenciales para controlar el uso de los recursos estatales.
También planteó que cualquier cambio en las reglas debe ampliar, y no reducir, las herramientas disponibles para la ciudadanía.
La disputa deja abierto el debate sobre el equilibrio entre protección de datos, funcionamiento del sistema y acceso público a la información sobre contrataciones estatales.
Periodistas y organizaciones alertan sobre la fiscalización
Sin embargo, la modificación generó críticas entre organizaciones de transparencia, periodistas y gremios profesionales.
La Asociación de Periodistas de Guatemala y otros sectores advirtieron sobre posibles obstáculos para la auditoría social y el periodismo de investigación.
El principal cuestionamiento apunta a la trazabilidad de los proveedores. Las nuevas condiciones pueden dificultar el cruce de datos sobre empresas, contratistas y procesos de contratación.
Estos cruces permiten identificar patrones en adjudicaciones y revisar el comportamiento histórico de quienes participan en concursos públicos.
