La Fiscalía General de la República de Costa Rica informó que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, que ha iniciado una investigación en su contra por una denuncia del delito de abuso de autoridad contra un preso trasladado la semana pasada al nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco).
El Ministerio Público indicó que la causa penal dio paso a una investigación iniciada el viernes, por lo que, la diligencia judicial fue informada ese mismo día mediante oficio enviado al Ministerio de Justicia y Paz. El delito imputado es e de abuso de autoridad.
El oficio detalla que el delito habría sido cometido “en perjuicio de los deberes de la función pública”, por lo que, Aguilar tendría un plazo de cinco días para responder el oficio con el expediente de traslado de Ismael Enrique Williams Cárdenas hacia el Cacco.
“Se le solicita remitir a este despacho… copia certificada íntegra de la totalidad del expediente administrativo que sustenta la orden de traslado del señor Ismael Enrique Williams Cárdenas hacia el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco)”, dice el documento.
La Fiscalía aseguró que todos los involucrados en el caso deben guardar secreto de la información, de lo contrario su actuación se consideraría “falta grave”. “Se le advierte que el caso es confidencial y que el señor Gabriel Aguilar Vargas como parte involucrada dentro del proceso penal, no podrá ser informado, ni participar en la confección de esta petición”, señaló el oficio.
Las autoridades no habían informado públicamente sobre el inicio del traslado de privados de libertad hacia el Cacco por “seguridad”, aunque la obra fue entregada por la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A., el jueves pasado.
El gobierno costarricense informó ayer que la nueva megacárcel para 5,000 personas será inaugurada oficialmente el próximo miércoles 14 de octubre. La edificación abarca 31,000 metros cuadros dentro de 91,000 metros cuadrados de terreno total. La construcción requirió de un financiamiento de al menos $47 millones (21,000 millones de colones costarricenses).
