Estados Unidos comenzó a utilizar servicios especializados para localizar en Guatemala a personas deportadas que mantienen multas, sanciones u otros pagos pendientes relacionados con su situación migratoria.
El procedimiento contempla búsquedas en bases de datos, contacto directo y entrega de folletos aprobados por el gobierno estadounidense. Los documentos detallarán el monto adeudado y las opciones disponibles para pagarlo.
Si los migrantes no pueden ser ubicados mediante esos mecanismos, representantes de las compañías contratadas estarán autorizados a viajar fuera de Estados Unidos para intentar encontrarlos.
Las empresas seleccionadas son Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group. Cada contrato tiene un valor máximo de $9 millones, lo que eleva el techo conjunto de las adjudicaciones a $36 millones.
El programa comenzó el 1 de septiembre y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2028. Además de Guatemala, su primera etapa incluye a Honduras y México, aunque posteriormente podría extenderse a otros países.
Las sanciones están dirigidas, entre otros casos, a migrantes que no abandonaron Estados Unidos después de recibir una orden definitiva de deportación. La multa, ajustada por inflación, puede alcanzar los $998 por cada día de incumplimiento.
La acumulación puede generar deudas millonarias. Scripps News documentó el caso de una familia a la que se le reclamaron $1.8 millones por una orden de deportación ignorada desde 1996, aunque no se precisó que fuera guatemalteca.
