Después de más de dos semanas de interrupciones, estudiantes, docentes y personal administrativo de diez regiones educativas de Panamá se preparan para regresar a las aulas este lunes 26 de octubre. El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que la reincorporación será progresiva y dependerá de las condiciones de seguridad de cada instalación.
Los 327 centros habilitados representan el 10.5 % de las 3,112 escuelas oficiales del país. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuántos de estos establecimientos sufrieron daños directos durante el terremoto y cuántos permanecían cerrados por las medidas preventivas.
El sismo de magnitud 7,5, registrado el pasado 9 de octubre, dejó 619 centros educativos afectados, según los balances oficiales. La cifra equivale aproximadamente a uno de cada cinco planteles de la red pública panameña y refleja el impacto del desastre sobre la infraestructura escolar.
La nueva convocatoria se suma a las 770 escuelas que comenzaron a retomar las actividades presenciales el miércoles 21 de octubre. En conjunto, 1,097 establecimientos han sido convocados para regresar a clases, equivalentes al 35.3 % del total nacional, aunque esto no significa que todos hayan sufrido daños por el terremoto.

Los centros incluidos en esta segunda fase se encuentran en Chiriquí, Bocas del Toro, Darién, Colón, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, Panamá Centro, San Miguelito y la comarca Ngäbe-Buglé. En los establecimientos que todavía no pueden operar presencialmente se mantendrán modalidades educativas temporales.
El panorama es especialmente difícil para las comunidades donde 35 escuelas quedaron destruidas o inutilizables y más de 3,000 alumnos perdieron sus aulas, principalmente en Herrera, Veraguas, Los Santos y Coclé. La recuperación de estos espacios requerirá obras de reconstrucción, mientras las autoridades buscan garantizar la continuidad del año escolar.
El sábado 24 de octubre comenzó la demolición de la escuela La Pitaloza, en la provincia de Herrera, y el Meduca anunció intervenciones en otros 40 establecimientos afectados. Las evaluaciones estructurales continuarán siendo determinantes para autorizar nuevos retornos y evitar que estudiantes y docentes ingresen a instalaciones inseguras.






