Autoridades de Costa Rica y Estados Unidos investigan a un hombre identificado únicamente con el apellido Abarca, acusado de apropiarse presuntamente de unos $800,000 provenientes del sistema de pensiones de California mediante el cobro de los beneficios de una maestra estadounidense fallecida.
El supuesto fraude comenzó en 2006, cuando Abarca habría presentado documentación para aparecer legalmente autorizado a administrar los asuntos de una profesora jubilada de California identificada con el apellido Collins, quien residía en Costa Rica desde finales de la década de 1990.
Collins se había trasladado en 1999 a un hogar para adultos mayores llamado La Uruca, ubicado en San José y administrado por Abarca. La mujer murió en 2005, cuando tenía 78 años, y posteriormente fue sepultada en un cementerio de Cartago, según la información disponible sobre la investigación.
Las autoridades sospechan que, pese al fallecimiento de Collins, Abarca logró obtener autorización para administrar sus asuntos, consiguió una tarjeta bancaria y accedió a los pagos de su pensión, que continuaron siendo depositados debido a que el sistema de jubilación de California desconocía que la beneficiaria había muerto.
Según las estimaciones de los fiscales citadas en la información, durante aproximadamente 20 años el investigado habría retirado al menos $800,000 correspondientes a la pensión de Collins, mientras los pagos continuaban llegando a la cuenta vinculada con la jubilada.
La supuesta irregularidad fue descubierta cuando el sistema de pensiones de California intentó comprobar que Collins continuaba con vida. Posteriormente, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica informó que la mujer había fallecido desde 2005.
Abarca no se encuentra detenido mientras las autoridades investigan los presuntos delitos de fraude, utilización de documentos falsos e incorporación de información falsa en documentos oficiales. Desde el 25 de julio debe mantener un domicilio permanente, tiene prohibido abandonar Costa Rica y está obligado a presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
El proceso permanece bajo investigación, por lo que las acusaciones contra Abarca todavía deberán ser determinadas judicialmente. El expediente busca establecer cómo se mantuvieron durante dos décadas los pagos de la pensión y las circunstancias bajo las cuales el investigado habría conseguido acceso a esos recursos después de la muerte de Collins.
