Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el próximo lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del programa económico acordado en 2023. Si obtiene una evaluación favorable, el Gobierno podrá avanzar hacia la negociación de un nuevo acuerdo.
El secretario de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández, informó que la delegación trabajará durante 2 semanas con representantes del Gabinete Económico, el sector privado y otras instituciones. También se reunirá con el presidente Nasry Asfura.
La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Su evaluación examinará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras y los resultados de las políticas económicas y fiscales.
El sector energético concentra los desafíos pendientes
Hernández señaló que uno de los principales retos será cumplir las metas estructurales pendientes en el sector energético. Entre ellas figura la puesta en marcha de la Ley de Justicia Energética, aprobada en agosto pasado por el Parlamento hondureño.
El funcionario confía en que los indicadores económicos registrados hasta ahora permitan obtener una valoración favorable. Ese resultado facilitaría las conversaciones para establecer un nuevo programa con el organismo multilateral.
El nuevo programa cubriría tres años de gobierno
El acuerdo técnico alcanzado en 2023 permitió a Honduras acceder a unos $823 millones para respaldar reformas económicas. Sin embargo, el programa venció en septiembre pasado.
La Administración de Asfura busca negociar un nuevo acuerdo que abarque los próximos tres años de su mandato, iniciado el 27 de enero de 2026. El Gobierno plantea centrar el programa en el desarrollo económico.
Por su parte, el FMI ha destacado la importancia de mantener políticas macroeconómicas adecuadas para preservar la estabilidad y respaldar un crecimiento inclusivo.
Pobreza y ajuste estatal marcan el contexto económico
Asfura gobierna Honduras durante el período 2026-2030, con el desafío de gestionar una economía donde la pobreza supera el 60 %, según los datos incluidos en la información oficial.
El mandatario también enfrenta el compromiso de reducir el tamaño del Estado, en un contexto de bajos salarios y necesidades sociales persistentes.
