La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará un proyecto de ley para crear penas de cárcel de uno a seis años para quienes pertenecen a organizaciones criminales. El proyecto llegará al plenario luego de cuatro meses de su presentación por parte de la presidenta Laura Fernández.
La votación llega tras la aprobación por unanimidad de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para castigar a quienes tengan vínculos con el bandas del crimen organizado, con los votos de los diputados de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El proyecto impulsado por la presidenta Laura Fernández contempla penas de cárcel de 2 a 6 años de prisión para quienes pertenezcan a bandas criminales, mientras que la pena agravada sería de 6 a 10 años y para casos de terrorismo, narcotráfico y dirección de asociaciones criminales sería de 8 a 20 años.
En los delitos que agravan las penas de 6 a 10 años se encuentra el reclutamiento de menores de edad, involucramiento de funcionarios, amenazas a sectores vulnerables y por la participación en actividades de minería ilegal en Costa Rica.
El proyecto presentado al inicio del mandato de Fernández también contempla una reforma a la Ley de Estupefacientes para crear penas de cárcel de 8 a 20 años para quienes organicen bandas de dos o más miembros para cometer delitos con drogas.
La Junta Directiva de la Asamblea deberá pasar el texto del proyecto para que sea aprobado en primer y segundo debate por los diputados y luego deberá ser sancionada por la presidenta Fernández para que entre en vigencia y sea de obligatorio cumplimiento.
Este es el primer proyecto de Fernández que avanza en el Órgano Legislativo. Estas reformas fueron presentadas en un primer paquete de seguridad en junio. En esa misma oportunidad la mandataria presentó reformas para que la respuesta armada de policías sea considerada legítima defensa; aumento de penas por reincidencia criminal; cero ocio para privados de libertad; sanciones por pistas clandestinas y permanencia de hojas delincuenciales durante 15 años.
