La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que la dictadura de Nicaragua mantiene un sistema de censura estructural y persecución contra el periodismo independiente, que provocó el exilio de más de 300 periodistas y trabajadores de medios desde 2018, así como la desaparición de espacios informativos en gran parte del país.
El organismo presentó estas conclusiones en su informe sobre Nicaragua, durante su 82.ª Asamblea General, celebrada en Bogotá, Colombia.
El documento advierte que la disminución de agresiones físicas contra periodistas no representa una mejora de las condiciones para ejercer la profesión, sino una consecuencia de la práctica desaparición del periodismo de calle.
Según la SIP, los comunicadores que permanecen en territorio nicaragüense deben trabajar clandestinamente o bajo vigilancia constante. Solo durante 2025, al menos 58 periodistas abandonaron la profesión debido a las dificultades económicas, el desempleo, el cierre de medios y el temor a represalias.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) identificó 11 departamentos de Nicaragua, equivalentes al 65 % del territorio nacional, como “zonas de silencio informativo”, debido a la ausencia de condiciones para desarrollar una cobertura periodística independiente. El informe también señala que actualmente no circulan periódicos impresos en el país, aunque periodistas y medios establecidos en el exilio continúan difundiendo información para la población nicaragüense.
La SIP alertó que las restricciones contra la prensa se trasladaron al ámbito digital y administrativo. En abril, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), eliminó los dominios .com.ni de medios como La Prensa, Onda Local y 100% Noticias. En mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó cerrar Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos por supuestos incumplimientos técnicos.
La FLED registró 28 agresiones digitales entre abril y junio de 2025, equivalentes al 70 % de los incidentes documentados en ese período, y otras 44 durante el primer trimestre de 2026.
Las agresiones digitales incluyen campañas de difamación, divulgación de información personal y amenazas contra periodistas y sus familiares, atribuidas a redes de perfiles vinculados al oficialismo.
El organismo también cuestionó las reformas de 2024 a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal, por incorporar disposiciones relacionadas con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”, que podrían utilizarse para restringir publicaciones. Además, señaló que en 2026 se impulsó una reforma constitucional para establecer restricciones contra personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”.
El informe sostiene que el acceso a la información pública permanece prácticamente cerrado para los medios independientes, pese a que la Ley 621 no incorporó nuevas excepciones formales. La SIP cuestionó la centralización de la comunicación gubernamental y el funcionamiento de los medios estatales como instrumentos de propaganda.
También denunció el uso de restricciones judiciales para impedir la cobertura de investigaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público, además de la distribución de publicidad estatal en beneficio de medios vinculados al oficialismo y a la familia gobernante.
La persecución también alcanza a periodistas que abandonaron la profesión. Según la FLED, al menos 20 comunicadores retirados permanecen bajo vigilancia policial, con agentes apostados frente a sus viviendas y obligaciones de presentarse periódicamente en delegaciones policiales. Durante esos interrogatorios, las autoridades presuntamente buscan identificar a personas que colaboran con medios independientes desde Nicaragua. La organización también documentó intentos de reclutar periodistas como informantes, restricciones de movilidad, decomisos de dispositivos y otras acciones de intimidación atribuidas principalmente a agentes estatales.
La SIP advirtió que Nicaragua carece de un mecanismo estatal específico y operativo para proteger a periodistas, mientras persiste la impunidad por agresiones y crímenes contra la prensa.
Entre los casos pendientes destacó el asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido en abril de 2018, cuyos responsables materiales e intelectuales continúan sin recibir sanción, según el informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también alertaron sobre las consecuencias de la persecución policial, judicial y familiar, que favorece la autocensura incluso entre comunicadores exiliados por temor a represalias contra ellos o sus familiares.
